Un plazo de 30 días para entregar un primer informe con los resultados de la auditoría general al estado financiero del Gobierno tiene el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal que ordenó crear el Presidente José Antonio Kast a pocas horas de haber asumido el cargo el miércoles.
Según se establece en un decreto que lleva la firma del mandatario, el objetivo del Comité es “asegurar la adecuada conducción, coordinación y supervisión del proceso de revisión fiscal y fortalecimiento del control público el comité estratégico de auditoría y revisión fiscal será la instancia encargada de orientar las acciones necesarias”.
El Comité Estratégico lo integrarán el subsecretario del Interior, la subsecretaría general de la Presidencia que presidirá la instancia; el subsecretario de Hacienda, el Director de Presupuestos y un representante del gabinete presidencial.
El plazo de vigencia de la instancia será de seis meses y la primera entrega de información al comité deberá ser remitida dentro de los primeros 30 días. Además, deberá tener su primera sesión dentro de los próximos 10 días.
Para dar cumplimiento a esto, los ministerios, subsecretarías y servicios públicos deberán trabajar en torno a cinco ejes de trabajo.
El primero de ellos es “Fortalecimiento del control de transferencias y convenios”. Aquí, la instrucción apunta a promover la revisión de los mecanismos de transferencias de recursos públicos a terceros, incluyendo convenios, subsidios y otros instrumentos de financiamiento público, con el objeto de asegurar la correcta utilización de los recursos fiscales y la adecuada rendición de cuentas.
La segunda dimensión se relaciona con la “revisión de los procesos de contratación pública”. De este perspectiva, la idea es impulsar la indagación de los procesos de compras públicas y contratación administrativa, con el fin de verificar el cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia, eficiencia y competencia que deben regir la gestión contractual del Estado.
“En el inicio de cada mandato presidencial resulta indispensable contar con una comprensión clara, coherente y actualizada del estado financiero, presupuestario y de gestión de la Administración del Estado”, dice el documento.
El tercer foco es “seguimiento de contratos de relevancia fiscal”. Acá la orden es promover el análisis de contratos y compromisos administrativos que, por su cuantía o impacto institucional, puedan comprometer significativamente recursos públicos o generar riesgos relevantes para la gestión del Estado.
“Revisión de los procesos de gestión de personas” es el cuarto eje. Bajo esta lógica, la instrucción es fomentar la revisión de los procesos de contratación y gestión de personal en los organismos de la Administración del Estado, resguardando la probidad administrativa y la adecuada utilización de los recursos públicos.
El quinto, y último objetivo, es el “análisis de la ejecución presupuestaria y gestión de programas”. En este caso, la idea es que los ministerios promuevan el análisis de la ejecución presupuestaria y del desempeño de los programas públicos, con el objeto de fortalecer la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos fiscales y contribuir al mejoramiento de la gestión pública.
Los argumentos
Para justificar la implementación de una auditoría general, el texto expone como argumento que “en el inicio de cada mandato presidencial resulta indispensable contar con una comprensión clara, coherente y actualizada del estado financiero, presupuestario y de gestión de la Administración del Estado, a fin de asegurar una conducción responsable de la gestión pública y del uso de los recursos fiscales”.
En tal sentido, explica que “constituye una prioridad de nuestro gobierno fortalecer los mecanismos de control público, resguardar la correcta administración del patrimonio fiscal y garantizar que los recursos que pertenecen a todos los chilenos se utilicen con criterios de eficiencia, eficacia, probidad y transparencia”.
El documento, de cinco páginas, también señala que los organismos de la Administración del Estado deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la integridad, disponibilidad, preservación y oportunidad de la información, documentos y registros administrativos que resulten necesarios para el desarrollo del proceso de revisión.
En caso de detectarse antecedentes que pudieran constituir irregularidades administrativas, infracciones a la normativa vigente o hechos que revistan el carácter de delito, la instrucción plantea que las autoridades y unidades competentes “deberán adoptar las medidas necesarias para su adecuada derivación a los órganos competentes, incluyendo, según corresponda, entre otros, a la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado”.
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