Editorial

Negociación y huelga en el sector público

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Esta semana se conocieron las conclusiones de un informe encargado al abogado experto en derecho administrativo y ex candidato a contralor Enrique Rajevic, en torno a posibles modalidades de negociación colectiva en el sector público. El encargo emana tanto de compromisos de campaña de Michelle Bachelet como de un protocolo firmado en 2014 por los entonces ministros de Hacienda y de Trabajo, Alberto Arenas y Javiera Blanco.

Como es sabido, con cierta regularidad el país sufre y paga el costo de movilizaciones en el sector público, siendo uno de los episodios más recientes el de fines del año pasado que se prolongó por más de un mes y que produjo enormes trastornos a las personas y la economía.

En su informe, resumidamente, Rajevic plantea que el derecho a negociar e ir a huelga se “ajustan” al marco de los tratados internacionales, recomendando formalizar ambas situaciones, atendido, además, los daños que se producen por falta de regulación en el país. El profesional propone excepciones, como excluir a las FFAA, fijar servicios mínimos, definir materias objeto de negociación, así como la oportunidad en que se ejercen ambos mecanismos.

Los expertos han recibido con cautela, aunque sin desechar de plano, la idea, pero hacen importantes prevenciones que buscan asimilar el tratamiento que reciben los trabajadores del sector público al privado, en donde cuestiones como la inamovilidad o la capacidad de descontar los días no trabajados por huelga son preguntas abiertas y del todo pertinentes. En especial porque este es un tema sensible, de alcance constitucional, que mal resuelto puede importar enormes costos a la sociedad.

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