Editorial

Para la recuperación, facilitar las inversiones

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La recuperación económica del país requiere que vuelvan a ponerse en pie miles de empresas que han visto su actividad severamente mermada, o que incluso han cerrado sus puertas, producto del doble embate del 18-O y la emergencia sanitaria. A esto se dedicaron contundentes esfuerzos privados y fiscales (estos últimos, sin precedentes) durante el primer año de la crisis. Sin embargo, otra parte de la reactivación dependerá, inevitablemente, de la capacidad para concretar nuevas inversiones en la mayor cantidad posible de sectores, para lo cual es clave generar condiciones que atraigan capitales y ofrezcan seguridades a quienes desarrollen proyectos.

El Estado puede hacer mucho en ese sentido, haciendo menos engorrosos e ineficientes —no por ello menos acuciosos— una gran cantidad de trámites que termina ya sea retrasando innecesariamente por años algunos planes de inversión, ya sea desincentivándolos por completo. Dos iniciativas gubernamentales consignadas en esta edición dan bienvenida cuenta de esa preocupación.

Un ámbito evidente es la digitalización. Así, el Ministerio de Economía ha impulsado el Sistema Unificado de Permisos (SUPER), que busca reducir el plazo promedio que tarda la autorización de los permisos sectoriales más solicitados, que hoy ronda los 4,5 años. La idea es contar con una “una sola ruta de la inversión”, como la describe el ministro (s), que baje tanto el número de trámites como de instituciones ante las cuales efectuarlos.

Otro ámbito es el mejoramiento de la gestión, más allá de digitalizar documentos y procesos. De esta forma, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ha logrado reducir los tiempos de tramitación ambiental, por ejemplo, haciendo más exigentes los requisitos de ingreso de los proyectos, para determinar su viabilidad técnica tempranamente y no durante el proceso de evaluación ambiental.

Medidas como éstas —que no bajan el estándar de exigencia, sino que mejoran la gestión en los procesos de tramitación— son un requisito para la indispensable modernización del Estado.

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