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Alto contrasteReforma a la institucionalidad eléctrica
El masivo apagón del pasado 25 de febrero, que dejó sin suministro al 98% del país y significó un costo de US$ 450 millones para la economía, expuso con crudeza las debilidades estructurales del sistema eléctrico chileno. Más allá de las sanciones que persigue la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) contra el Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) y ocho empresas de transmisión y generación, por su eventual responsabilidad en el corte que afectó a cerca de 19 millones de personas entre Arica y Los Lagos, el evento ha revelado una preocupante “cultura del incumplimiento” que erosiona la seguridad energética.
De acuerdo con el informe final elaborado por un equipo de académicos sobre las causas de la propagación de la falla –encargado por el CEN–, el colapso obedeció a una cadena sostenida de faltas graves por parte de las empresas del sector y a deficiencias en la fiscalización de la SEC. Los errores observados abarcan desde la entrega incompleta o extemporánea de informes técnicos, hasta la desconexión injustificada de más de 670 MW en los primeros segundos tras la falla. A ello se suma la no implementación –a cuatro años de su diseño– del Plan de Defensa contra Contingencias Extremas (PDCE), destinado a contener eventos de este tipo, mediante la creación automática de islas eléctricas. Por otro lado, el Coordinador tampoco anticipó el impacto de la incorporación masiva de unidades PMGD sobre la efectividad de los Esquemas de Desconexión Automática de Carga, diseñados para aislar sectores afectados y evitar propagación. Estas omisiones revelan una desconexión crítica entre los órganos responsables, una fiscalización ineficaz y normas cuya aplicación parece depender más de la interpretación que del cumplimiento riguroso.
Lo ocurrido pone de manifiesto la necesidad urgente de reforzar la fiscalización y sanción, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de reportabilidad vigentes, junto con actualizar el marco regulatorio para que contemple mecanismos de monitoreo continuo del desempeño de las instalaciones, procedimientos claros de validación técnica y responsabilidades bien delimitadas. Asimismo, es indispensable revisar la gobernanza del Coordinador: la débil separación entre dirección estratégica y operación ejecutiva dificulta la rendición de cuentas y genera zonas grises de responsabilidad que deben corregirse con urgencia.
La falta de articulación efectiva entre la SEC y el Coordinador, las sanciones poco disuasivas y la lenta implementación de planes críticos como el PDCE revelan que el problema no es solo técnico, sino institucional. Chile necesita una reorganización profunda, con un un regulador con atribuciones efectivas, un coordinador con mayores capacidades preventivas y un rediseño del modelo de distribución hacia infraestructura compartida e inteligente que garantice continuidad y resiliencia.
La seguridad del suministro eléctrico no puede seguir dependiendo de normativas fragmentadas ni de la buena voluntad de las empresas. Una modernización institucional y regulatoria es condición imprescindible para sostener la competitividad y la confianza en el crecimiento del país.
