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Alto contrasteReforma al sistema de licencias médicas
El impacto en la opinión pública sobre los hallazgos de uso fraudulento de licencias médicas ha sido, sin duda, considerable y ha puesto de relieve el trabajo de la actual contralora en la fiscalización de los recursos del Estado. Sin embargo, el aplaudido ejercicio de eficacia, ha terminado desplazando la urgencia de resolver con prontitud y eficiencia las debilidades de un sistema que ha probado malgastar recursos públicos y privados, en un escenario en que, además, la discusión presupuestaria y la campaña presidencial ensombrecen al resto de debates políticos y legislativos.
Los sucesivos informes sobre los más de 25 mil funcionarios que usaron licencias médicas para justificar su ausencia laboral, mientras viajaban fuera del país, y la posterior revisión de malas prácticas en el ámbito privado por parte de la Suseso, que reveló que 80 mil trabajadores del sector cometieron el mismo ilícito, mientras cerca de 6.000 médicos extendieron permisos estando ellos mismos en reposo, han dado cuenta de la amplitud del abuso.
Como suele ocurrir en estas situaciones, el escándalo impulsó la conformación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, cuyo informe final, aprobado por unanimidad, se conoció recientemente. Sus conclusiones evidencian que el gasto en licencias médicas consume cerca de 70% de los ingresos de la cotización de salud en el sector público; que el gasto municipal en este ítem se ha cuadruplicado en los últimos 10 años, alcanzando cerca de $ 400 mil millones; y que el ausentismo laboral está socavando la calidad y oportunidad de los servicios del Estado.
El diagnóstico de la comisión coincide con el que vienen advirtiendo expertos de todos los sectores: el país enfrenta una institucionalidad al debe, fragmentada, con serias dificultades de gobernanza y de incentivos y, de fondo, con un Estatuto Administrativo que acentúa los problemas de diseño y funcionamiento. Junto con entregar propuestas, el grupo parlamentario hizo hincapié en la urgencia de abordar una reforma estructural al régimen de licencias médicas y fortalecer su fiscalización.
Usualmente, la discusión presupuestaria tiende a opacar y retrasar el avance de otras materias legislativas. Esto, unido al carácter electoral del año en curso y al próximo cambio de administración -para el que las encuestas anuncian un muy probable cambio de signo político- puede llevar a desaprovechar un momento inédito para realizar los cambios profundos que el sistema de licencias médicas requiere. El Ejecutivo y el Congreso cuentan con las herramientas para concretar antes del fin del actual Gobierno una reforma que termine con el fraude y fortalezca el uso y administración de los recursos. El proyecto presentado en julio de 2025, pero que fue detenido por presiones de la ANEF y de la CUT, es un punto de partida.
