Editorial

Reforma tributaria: preguntas que esperan respuesta

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Son muchas y de peso las interrogantes que surgen a raíz de la reforma tributaria -o nuevo pacto fiscal, como la llama el Ejecutivo- que deberá discutir el Congreso.

¿Es viable cumplir la ambiciosa meta de recaudar cuatro puntos del PIB adicionales en cuatro años, llegando a 4,1% en 2026?

¿Es correcto el enfoque en una mayor recaudación para un Estado cuya deuda bruta ha pasado de 4% del PIB en 2007 a más del 43% que se prevé alcanzaría dentro de cuatro años?

Las dudas atañen al fondo y la forma del proyecto, y se deben aclarar en un debate honesto donde primen los buenos argumentos.

¿Es acertado, por lo demás, plantear que el mismo Estado que hoy exhibe un mal desempeño en muchas áreas -salud, educación, seguridad, pensiones- pueda administrar bien esos mayores recursos para hacerse cargo de aun más responsabilidades de las actuales, como pretende el programa de gobierno? ¿Sobre todo cuando la reforma del Estado está ausente de la agenda pública?

¿Es éste un buen momento para iniciar esta discusión -que todos los actores políticos prevén muy compleja-, cuando el país vive una inflación récord y en alza, y en el horizonte se cierne una posible crisis alimentaria?

¿Es prudente proponer la creación de nuevos impuestos -royalty minero, al patrimonio, a las rentas, verdes y otros- y al mismo tiempo la eliminación de exenciones como la del DFL2, que incluso el oficialismo teme que afecten a la clase media?

Finalmente, ¿es esta una reforma que ayudará a impulsar el crecimiento -haciendo más verosímil su meta de recaudación- o que, por el contrario, arriesga desincentivar la inversión y estimular la fuga de capitales cuando la economía más los necesita?

Estas (y otras) preguntas atañen al fondo y la forma del proyecto del Gobierno, y tanto defensores como detractores del pacto fiscal deberán esforzarse por responderlas durante el debate parlamentario.

En éste, por cierto, tendrán que imponerse la evidencia y los buenos argumentos. Las advertencias de que oponerse a la reforma arriesga elevar la tensión social están fuera de lugar, porque niegan, precisamente, el imprescindible espacio al debate libre y honesto sobre los pros y los contras de la propuesta tributaria.

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