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Alto contrasteReformas para un gasto sostenible
Convocada por Hacienda y la Dipres, la Comisión Asesora para Reformas Estructurales del Gasto Público, propuso recientemente 34 medidas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos fiscales y corregir la creciente fragilidad de las cuentas públicas. El paquete, que podría generar ahorros anuales cercanos a US$ 2.000 millones, constituye una oportunidad valiosa para ordenar el gasto, modernizar la gestión pública y dotar de mayor sostenibilidad a las finanzas del país.
El desafío, sin embargo, trasciende con mucho a la actual administración. El Gobierno tiene la responsabilidad de incorporar parte de estas medidas en el Presupuesto 2026 y de avanzar en aquellas que dependan de la gestión del Ejecutivo en los meses que le restan, pero será la próxima administración —y también el Congreso— la que deberá asumir el grueso de la tarea. Cerca del 60% de las recomendaciones demandan cambios legales, lo que implica un debate parlamentario diligente y desprovisto de cálculos cortoplacistas, teniendo en cuenta que la sostenibilidad fiscal es una responsabilidad de Estado, que no debiera quedar supeditada a disputas coyunturales.
Esta urgencia por avanzar se explica por el deterioro sostenido de las cuentas fiscales. En 2023 y 2024 no se cumplió la meta de déficit comprometida, y todo indica que 2025 puede cerrar con un nuevo desvío, en un contexto en que el CFA ha advertido reiteradamente que los esfuerzos han sido insuficientes.
Las propuestas de la comisión asesora abordan tanto medidas para reducir el gasto, como para contenerlo, organizadas en siete áreas de acción. Entre las más relevantes figuran la eliminación o rediseño de programas sociales mal evaluados. Existen 124 iniciativas con desempeño insatisfactorio, que consumen recursos sin cumplir sus objetivos. Reformularlas no significa desatender necesidades, sino abordarlas de manera eficaz. Otro frente es la reducción del “fraude social”, cometido por usuarios que acceden a beneficios sin cumplir los requisitos, lo que permitiría ahorrar unos US$ 60 millones. En educación, la comisión propone limitar la expansión de la gratuidad universitaria, lo que permitiría un ahorro cercano a US$ 500 millones y, adicionalmente, plantea restringir la flexibilidad de Hacienda para ampliar el gasto corriente, reduciendo así el espacio para que las decisiones escapen del escrutinio del Congreso. De haberse aplicado una medida de este tipo en 2023 y 2024, se habría evitado un gasto adicional estimado en US$ 3.000 millones.
El mensaje de fondo es inequívoco y apunta a que Chile no puede darse el lujo de sostener ineficiencias que drenan recursos escasos. En un período marcado por las campañas presidenciales, donde proliferan promesas de gasto y también de recortes, es indispensable que el debate incorpore la viabilidad fiscal de tales planes. Pero también es urgente que la adopción de medidas concretas comience en la discusión del Presupuesto 2026, como una señal mínima de responsabilidad, y que se proyecte hacia el largo plazo, con apoyo legislativo. Es un buen inicio lograr que el ajuste del gasto sea efectivo, gradual y sostenido, evitando que la fragilidad fiscal siga condicionando la capacidad del país para financiar su desarrollo.
