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Alto contrasteEl gobierno ha presentado un conjunto de medidas que buscarían mejorar la calidad del aire de Santiago, y que incluirían normas de emisión más exigentes para la industria; ampliar la paralización de industrias durante episodios críticos; y restringir el uso de la leña en la Región Metropolitana y prohibirla en la provincia de Santiago más San Bernardo y Puente Alto. Lo anterior, junto con la introducción de restricción permanente de dos dígitos a vehículos catalíticos durante los meses de invierno. Una política relativamente local y secundaria en comparación a las grandes reformas que lleva adelante el gobierno, pero que ilustra perfectamente el estilo improvisado y mediático que ha mostrado a la fecha La Moneda en los más diversos ámbitos.
Así, el énfasis de la política –lo que se repite en las grandes reformas- parece errado. Los vehículos livianos son responsables de una parte más bien menor de las emisiones de PM2.5: serían responsables de solo 9,61% de las emisiones, de acuerdo con un estudio del DICTUC, y sería principalmente emitido por vehículos livianos diesel. La evidencia histórica e internacional tampoco avala la política. Estudios recientes como el de Gallego, Montero y Salas (2011) y (2013) concluyen que las restricciones a la circulación de vehículos se traducen, a la larga, en un aumento en el parque vehicular y en una mayor contaminación.
La reducción de las emisiones en ciudades contaminadas, al igual que otros objetivos del gobierno, resultan valorables. Sin embargo, hay que evaluar en forma rigurosa los costos y beneficios asociados a las medidas propuestas, para así poder diseñar políticas coherentes y equitativas.
