Seguridad en el mercado energético

En una situación inédita para el sistema eléctrico chileno, Campanario Generación -ligada al fondo de inversión Southern Cross (80%) y Gasco (20%)- solicitó su propia quiebra tras no conseguir el apoyo de los acreedores respecto del Convenio Judicial Preventivo.



Esta situación tiene su origen en que la empresa debió asumir un saldo negativo tras el alza de los costos marginales de generación que este año superaron los US$ 220 MWh en circunstancias que firmó contratos de distribución por un valor cercano los US$ 110 MWh.

Este caso, todavía en desarrollo, ha tensionado la cadena de pagos en el Sistema Interconectado Central (SIC) y ha puesto en evidencia la necesidad de revisar el marco reglamentario e incluso legal que rige al sector, reformas que el propio Ministerio de Energía ha adelantado que se estudiarán.

En medio de este escenario, desde la industria de generación se ha planteado la necesidad de que las distribuidoras compartan el costo de suscribir contratos con firmas de mayor riesgo. Es discutible fundamentar una modificación de este tipo con un argumento que trasluce una distinción entre operadores de primera y de segunda categoría en un sector regulado tan relevante para el país y que, además, requiere de una multiplicidad de actores que asegure una adecuada diversificación.

Independiente del alcance y profundidad de los cambios que se terminen implementando, los requisitos de operación que deben cumplir sin excepción todas las empresas, tienen como punto de partida la seguridad técnica y financiera para satisfacer las demandas de energía y el cumplimiento de los compromisos en cada una de las etapas.