Subsidio al Transantiago: ¿es hora de evaluar esta política?

esde que fue inaugurado en 2007, el sistema del Transantiago nunca cumplió la promesa inicial de que se autofinanciaría sin necesidad de inyectarle recursos públicos. De hecho, sólo dos años después se creó un subsidio (Ley N° 20.378) para financiar lo que ya entonces se evidenciaba como un déficit crónico del nuevo sistema de transporte público capitalino -con un componente permanente y otro transitorio-, el cual por razones exclusivamente políticas fue complementado con un discutible "fondo espejo" para regiones.

Este año vence dicho subsidio transitorio, con el cual se financia el 60% del gasto del sistema en la Región Metropolitana. Lejos de haber disminuido progresivamente, como se planteó en 2009, ha sido elevado en sucesivas modificaciones a la ley, siempre como forma de paliar el déficit. Aunque la necesidad de subsidiar el transporte urbano de superficie es discutible por diversos motivos -y la experiencia comparada es mixta-, lo cierto es que el aumento del gasto fiscal en el Transantiago no se ha justificado con evidencia sobre su rentabilidad social, sino como solución a sus desequilibrios financieros.

Es llamativo que sólo la súbita contracción de viajes durante la pandemia anticipa que el subsidio alcanzara para cubrir los costos del sistema, lo que ya se está revirtiendo con la normalización sanitaria. Esto significa que más de una década de inversión multimillonaria pública no ha solucionado el problema deficitario de fondo, y que probablemente ha introducido incentivos que dificultan ese objetivo.

Factores como el mayor precio del diésel y el dólar apuntan a la necesidad económica de nuevas alzas de tarifa este año, y por ende, a la esperable política de absorberlas inyectando más dinero público al sistema. Hasta ahora, ese dilema se ha resuelto a menudo con pérdida para el erario en sucesivos gobiernos, con pocas mejoras sustanciales para los usuarios en la calidad de un servicio que ellos mismos financian. Tal vez las nuevas autoridades que asuman en marzo puedan ver esto último como una oportunidad de plantear métricas y criterios objetivos para evaluar esta onerosa política pública.