Mejorar el desempeño y eficiencia del Estado es otra preocupación del grupo, por lo cual se plantearon 11 propuestas en este eje.
Se insistió en la necesidad de avanzar en un nuevo régimen de empleo público, que aplique a todo el ciclo laboral del funcionario, incluyendo selección, evaluación, promoción y desvinculación, junto con transparentar la gestión ante la ciudadanía.
Respecto de la desvinculación, se recomienda adecuar el mecanismo de evaluación, de manera que se pueda dar término a la relación laboral en forma automática cuando el funcionario esté evaluado dos años seguidos en el 5% de desempeño más bajo de la institución.
“El nuevo estatuto será voluntario para los funcionarios de planta actuales y debiera aplicar en forma inmediata para las nuevas contrataciones y para las renovaciones que correspondan de las modalidades a contrata y honorarios”, dice la propuesta.
En esa línea, también se apunta a fortalecer la estructura orgánica del Servicio Civil, transformándolo en la división de recursos humanos del Estado.
En este eje también se plantea optimizar la tramitación de proyectos de inversión en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), a través de evaluaciones técnicas con criterios objetivos, reglas claras ante la judicialización y establecer un sistema de preanálisis temprano y voluntario, entre otros.
A modo de ejemplo, se propone establecer un procedimiento abreviado para proyectos ya existentes que pretenden ampliarse, actualizarse o extender su vida útil.
“¿Por qué no les permitimos que, a través de una declaración jurada digan que ‘yo certifico que la extensión de vida útil, la actualización tecnológica, la de equipamiento, tiene los mismos impactos, está en la misma área de influencia y tiene las mismas medidas de mitigación y compensación? Si yo certifico eso con declaración jurada, no requiero ingresar al SEIA”, destacó Bernardo Larraín, presidente de Empresas CMPC.
Seguridad y Estadode derecho
En el último eje, que dice relación con seguridad, se proponen cinco medidas.
Una de ellas apunta a conseguir una mayor trazabilidad para el control de robos, lavado de dinero y prófugos, a través del uso de guías de despacho electrónicas, límites a las compras en efectivo e integración de las fuentes de información.
Según el documento, esto permite cerrar espacios de operación al crimen organizado, mejorar la eficiencia del sistema de justicia y fortalecer la seguridad pública. Una medida que se puede implementar vía normativa y con gestión, dentro de los primeros tres meses de un próximo Gobierno.
Crear un sistema de monitoreo del cumplimiento de instituciones públicas asociadas a la seguridad y la justicia, es otra propuesta. Acá, en concreto, se busca establecer indicadores clave que permitan medir resultados de las distintas instituciones del Estado en mejoras concretas en seguridad y justicia, desde una unidad técnica independiente.
“Así, se podrá gestionar con evidencia, corrigiendo ineficiencias y fortaleciendo acciones efectivas en prevención, persecución penal y reinserción, además de tener accountability por parte de la ciudadanía”, dice la propuesta.
Avanzar en alianzas público-privadas para establecer programas focalizados en jóvenes en riesgo de vincularse en acciones infractoras es otra prioridad para el grupo convocado por la CPC.
Aquí, se busca reducir el riesgo delictual en niños y jóvenes, y aumentar la efectividad de la reinserción, mediante intervenciones integrales, colaboración público-privada y alivio a la sobrepoblación carcelaria.
“Ampliar la participación de nuevos actores en el programa Juntos por la Reinserción, donde las empresas, el Estado y organizaciones de la sociedad civil trabajan colaborativamente para reintegrar al mercado del trabajo a quienes infringieron la ley, de manera de disminuir la reincidencia delictual”, dice el texto.
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