VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contrasteUna ley que inmoviliza el borde costero
La nueva controversia abierta por las solicitudes de Espacio Costero Marítimo de los Pueblos Originarios (ECMPO) en Aysén vuelve a exponer un problema estructural: la Ley Lafkenche se ha transformado en un marco normativo que lejos está de ordenar el uso del borde costero, generando incertidumbre, judicialización y trabas para el desarrollo económico. Nacida con el objetivo de resguardar usos y costumbres indígenas, se está convirtiendo en un instrumento que opera sin criterios proporcionales, sin plazos razonables y sin una evaluación integral de sus impactos sobre sectores productivos y comunidades locales.
El caso de las ECMPO de Cisnes e Islas Huichas en dicha región es ilustrativo. Siete años de tramitación, más de 621 mil hectáreas involucradas y un congelamiento total de inversiones en una zona donde se concentra cerca del 25% de la capacidad nacional de engorda de salmones, según estiman en el propio sector acuícola. Ese solo dato evidencia que la ley, tal como está diseñada, no distingue entre solicitudes de pequeña escala —para las que fue concebida— y peticiones de magnitud equivalente a 2,6 veces el Parque Nacional Torres del Paine. Una legislación que permite bloquear decisiones regionales por tanto tiempo, sin estándares claros de proporcionalidad ni mecanismos de conciliación temprana, es una legislación que no está cumpliendo su propósito.
Una legislación que permite bloquear decisiones regionales por tanto tiempo, sin estándares claros de proporcionalidad ni mecanismos de conciliación temprana, es una legislación que no está cumpliendo su propósito.
La industria acuícola no es la única afectada. La incertidumbre regulatoria golpea a proveedores, PYME, trabajadores y gobiernos regionales que dependen de la actividad económica para sostener empleo y recaudar ingresos. Lo que debiera ser un proceso ordenado de reconocimiento cultural y en un tiempo acotado –no superior a doce meses- se ha convertido en una tramitación que se extiende por años, generando lo que el sector llama “aranceles invisibles”: costos que no aparecen en ninguna ley, pero que erosionan la inversión y la confianza.
Más preocupante aún es que la Ley Lafkenche opera aislada de otras normas recientes —reglamentos del SBAP, sitios prioritarios, Política Nacional Costera— que, sumadas, configuran un entorno donde cada proceso regulatorio agrega nuevas restricciones sin un diseño coordinado. El resultado es un borde costero inmovilizado por superposiciones normativas que no conversan entre sí.Chile necesita reconocer que el problema no está en las comunidades ni en las autoridades que aplican la ley, sino en una legislación extremadamente restrictiva. Perfeccionarla ya no es una opción técnica: es una urgencia económica y territorial.
