En febrero de 2024, la salmonicultura estuvo en vilo por una votación que definiría si se aprobaban dos solicitudes de Espacio Costero Marítimo de los Pueblos Originarios (ECMPO), que juntas sumaban 621 mil hectáreas en la Región de Aysén, en una zona que, según las estimaciones de la industria, concentra en torno al 25% de la capacidad nacional de engorda de salmones.
Finalmente, la votación entre los distintos integrantes de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC), organismo que componen autoridades, el sector privado y las propias comunidades indígenas, terminó rechazando ambas solicitudes, para alivio de las firmas acuícolas.
Las comunidades indígenas Antunen Rain y Pu Wapi, con sendos recursos de protección, acudieron a la justicia. Ambas recibieron portazos de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, pero en la Corte Suprema la suerte fue distinta.
Este mes, el máximo tribunal revocó ambas sentencias y acogió los recursos de ambas comunidades, dejando sin efecto las resoluciones de la CRUBC que rechazaron las solicitudes.
En específico, la Corte argumentó que la decisión “no contiene sustento fáctico suficiente para descartar de forma certera la procedencia de otorgar el espacio marítimo requerido”, incumpliendo con ello el estándar establecido en la Ley.
“Lo expuesto, permite concluir que la recurrida actuó ilegal y arbitrariamente (...) poniendo a la recurrente (las comunidades) en una situación de desigualdad frente a otros solicitantes que han obtenido un pronunciamiento por parte de la autoridad con pleno cumplimiento de la normativa vigente y mediante una resolución debidamente fundada”, sostuvo el fallo.
Así, la votación deberá repetirse este 9 de diciembre, lo que volvió a revolver las aguas en Aysén.
Un extenso proceso
La discusión tiene su origen en la polémica Ley Lafkenche y, de hecho, este caso fue el punto de inflexión para que esta norma pasara a ser foco de discusión a nivel nacional.
Esta Ley permite reservar ciertas zonas geográficas como ECMPO, con el fin de “preservar usos y costumbres indígenas”. Eso significa que su administración se le entrega a una determinada comunidad indígena luego de que los usos y costumbres alegados por ella sean verificados por la Conadi, como fue el caso en esta oportunidad.
De hecho, algo que fue tomado como un golpe para la industria fue que la sentencia de la Corte Suprema aludió directamente al sector privado y dijo que “los motivos de rechazo no pueden ni deben ser meramente económicos, pues ello iría en contra del espíritu de la normativa”, que en realidad, tiene que ver con “la existencia o no” de este uso consuetudinario.
En esta ocasión, las dos solicitudes de ECMPO (Cisnes e Islas Huichas) fueron particularmente ruidosas debido a la magnitud de la superficie. A modo de comparación, 621 mil hectáreas equivale a 2,6 veces el Parque Nacional Torres del Paine o a un 40% de toda la Región Metropolitana.
Independiente de que la solicitud se apruebe o rechace, la crítica de la industria subyace en que durante todo el tiempo en que se demora su tramitación, se congela la inversión en la zona. Y la tramitación de estas dos ECMPO, antes de la votación de 2024, demoró siete años.
Incluso, tras el primer rechazo a las solicitudes, el propio representante de las comunidades, Daniel Caniullán, acusó un abandono político de los pueblos originarios, lamentando que los argumentos expuestos hubieran demorado tantos años en llegar.
La alarma de los privados
La sentencia de la Corte, ahora, despierta antiguos miedos del sector. Así lo subraya el propio gerente de Asuntos Corporativos de SalmonChile, Tomás Monge, que ha contabilizado más de 300 concesiones acuícolas en la zona.
“Vemos con preocupación cómo una Ley (Lafkenche) que pudo haber tenido un fin noble se ha transformado en una herramienta para paralizar sectores productivos y el desarrollo en zonas históricamente rezagadas”, dijo. “Este tema es otro ejemplo de lo que llamamos aranceles invisibles: procesos administrativos interminables que, en vez de tomar un año como establece la ley, se extienden por seis a siete años en promedio”.
En la misma línea, la presidenta del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, alude a una “enorme incertidumbre”, y urge por “pronto perfeccionamiento” de la Ley Lafchenke. “Aunque se trate de un proceso regional, sus efectos trascienden por completo a Aysén”, lanza.
El proceso golpea a muchas salmoneras. De hecho, además de diversos gremios, se habían hecho parte como terceros en los recursos de protección -entre otras- Australis, Camanchaca, Cermaq Chile, Granja Marina Tornagaleones, Yadrán, Trusal, Pacific Star, Multi X y Blumar. Esta última firma -ligada a las familias Sarquis y Vinagre- acusó que la Ley está “siendo mal utilizada por un reducido grupo de personas para controlar extensas áreas del borde costero, sin criterios claros ni participación de los grupos de interés de los lugares afectados”.
Todo esto no solo ha impactado en el sector salmonero, sino que los grandes gremios nacionales se han involucrado en el tema. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, lo resume: “Nos preocupan los precedentes y los efectos de esta nueva votación ante la magnitud de los espacios solicitados y los efectos presentes y futuros en sectores productivos y sus respectivos encadenamientos hacia empresas pequeñas y medianas”.
La timonel del principal gremio empresarial advirtió que, además de la Ley Lafkenche, hay otras normas, como los reglamentos del SBAP, sitios prioritarios y la Nueva Política Nacional Costera “que se alejan del objetivo de generar desarrollo económico a nivel local y nacional”.
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