Se agrava la crisis de la española Telefónica en Perú. La operadora de telecomunicaciones solicitó su reorganización financiera ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
El objetivo de esta decisión es reestructurar sus deudas para fortalecer su operación en el mercado, en momentos en que se conoció que la firma "ha sostenido conversaciones con potenciales inversionistas" para deshacerse de sus activos en este mercado.
De acuerdo con el documento presentado ante el Indecopi, con la reestructuración buscan, además, asegurar la continuidad de sus servicios “para más de 13 millones de clientes en zonas urbanas y rurales del país”.
La decisión se toma en un contexto financiero desafiante. En el cuarto trimestre de 2024, la empresa registró ingresos por 1.493 millones de soles (US$ 404 millones), mientras que el acumulado anual cerró en 6.020 millones de soles, un 7% menos que en 2023.
En un comunicado revelado por la operadora de telecomunicaciones, enfatizó que "continuará prestando servicios sin interrupción".
Asimismo, la presidenta ejecutiva de Telefónica del Perú, Elena Maestre, explicó que se evaluaron diversas alternativas para asegurar la estabilidad financiera, pero "llegamos a la conclusión de que acogernos de manera voluntaria al Procedimiento Concursal Ordinario (PCO) es el mejor camino para proteger la prestación de los servicios de telecomunicaciones a los peruanos".
Con esto, apuntó que están enfocados en "garantizar la permanencia de Telefónica a largo plazo".
Para aceptar esta reestructuración, Telefónica Hispam le concedió una línea de crédito por más de US$ 400 millones, "destinada exclusivamente a cubrir las necesidades operativas de caja para mantener la prestación del servicio".
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A pesar de que en diciembre la compañía alcanzó su primer millón de clientes conectados a fibra óptica al hogar, "en los últimos años, la situación financiera de Telefónica del Perú se ha visto afectada por efecto de contingencias fiscales de más de veinte años de antigüedad y por decisiones administrativas que han colocado a la compañía en una posición de desventaja competitiva en un entorno de mercado particularmente desafiante", argumentó.
A pesar de eso, aclaró que esta reestructuración "no implica una liquidación ni mucho menos una quiebra; sino que proporcionará a la compañía la capacidad de trabajar con sus acreedores y otras partes interesadas para seguir sirviendo al Perú, proteger a sus colaboradores, fortalecer su posición financiera y procurar la sostenibilidad de su negocio".
Para dirigir este proceso, Telefónica contrató los servicios de la consultora Kroll.
Telefónica además está buscando dejar otros mercados de América Latina, tal como Colombia, Argentina y México, donde ya tiene conversaciones avanzadas con potenciales inversionistas.
La Comisión de Procedimientos Concursales tiene un plazo máximo 90 días hábiles para resolver la solicitud de reestructuración de la firma y, de ser admitida, se emitiría una resolución sobre el inicio del procedimiento concursal ordinario.
Una vez publicada, los acreedores podrán presentarse para ser acreditados por la Comisión y participar en la Junta de Acreedores, la que tendría que decidir si aprueba o no la reestructuración solicitada por la empresa, según informó el organismo de libre competencia peruano.
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