El juez de garantía de Coronel, Daniel Ortiz, quien estaba liderando los casos de fraude y corrupción de Puerto Coronel, se inhabilitó de la causa, lo que obligó a reprogramar para octubre la audiencia donde se discutiría una nueva extensión del plazo para la investigación.
La salida del magistrado se concretó luego de que el Ministerio Público presentara una "recusación amistosa". Según informó Radio El Carbón de Lota, la fiscal adjunta de Coronel, Glenda Lagos, sustentó su requerimiento en que, durante la audiencia de junio, el juez Ortiz había advertido que aquella sería la última vez que concedería una ampliación para desarrollar diligencias.
Esta postura previa del magistrado se contraponía directamente con los intereses del ente persecutor, que tenía contemplado solicitar una nueva extensión temporal en la sesión de este lunes.
El concepto de “recusación amistosa” es un trámite, regulado por en el Código de Procedimiento Penal, en el que una de las partes de las causas solicita directamente al juez su inhabilidad.
Oposición de las defensas
Las defensas de los imputados manifestaron su rechazo al recurso de la Fiscalía, argumentando que la advertencia previa del juez Ortiz no constituía una pérdida de imparcialidad, sino que respondía a que, a la fecha de la determinación, el Ministerio Público no contaba con diligencias de cargo pendientes.
En esta línea, el abogado Pelayo Vial, defensor del empresario Hernán Romero Sáez, señaló que si las intervenciones en audiencia se aplicaran de manera literal, la Fiscalía tampoco estaría en posición de pedir más plazo, dado que en julio ya habían expirado los 20 días otorgados previamente por el Tribunal.
A pesar de los argumentos de la defensa, el magistrado optó por apartarse de la causa, apelando al principio de “buena fe procesal”.
“Por lo anteriormente expuesto, este tribunal se declara inhabilitado para seguir conociendo estos antecedentes y se va a fijar nuevo día y hora para audiencia para que se pase a un juez no inhabilitado”, resolvió. La nueva audiencia quedó fijada para el próximo 2 de octubre.
Detalles del caso
El denominado caso Puerto Coronel cuenta, en primer lugar, con una arista corporativa, donde la empresa figura como víctima. Esta corresponde a la querella presentada en 2024 por la administración en contra del expresidente del directorio, Eduardo Hartwing y el exgerente general, Javier Andwanter, acusados de administración desleal y falsificación de instrumentos mercantiles y afectar el patrimonio de la portuaria.
Por otro lado, en la arista de corrupción, la empresa figura como imputada por el delito de soborno. Este escenario se da en el marco de los presuntos pagos ilícitos que habrían recibido el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, y el exconcejal Eduardo Araya.