Actualmente, se vienen realizando esfuerzos para fortalecer las políticas de prevención contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo relacionadas con los criptoactivos, exigiendo a las plataformas de negociación de estos activos digitales la implementación de sistemas de registro y reporte de operaciones sospechosas.
En Perú, los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) están bajo supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) para efectos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Esta supervisión contempla la aplicación del régimen general de debida diligencia en el conocimiento del cliente. Este régimen se aplica cuando el cliente realiza operaciones por cualquier monto, si el medio de pago o retiro es en efectivo, o cuando las operaciones son iguales o superiores a US$ 1.000, independientemente del medio de pago.
En estos casos, los PSAV deben recopilar información del cliente, incluyendo nombres, tipo y número de documento, domicilio, ocupación, contacto, propósito de la relación comercial, y condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP), así como la identificación del beneficiario y el origen de los fondos involucrados.
Si bien el desarrollo de la regulación de criptoactivos aún se encuentra en sus primeras etapas, sus efectos en el mercado de criptoactivos y los mercados financieros en general pueden ser significativos.
Un estudio que analiza cómo las acciones y declaraciones regulatorias impactan sobre el valor de los criptoactivos refiere que los anuncios de prohibiciones generales, la exclusión del estatus de moneda y la aplicación de marcos normativos estrictos suelen generar caídas en los precios de estos activos digitales.
En contraste, la expectativa de regulaciones específicas y favorables tiende a impulsar este mercado al alza.
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Latinoamérica
Por otro lado, la regulación de criptoactivos en los países de América Latina se encuentra en desarrollo, y su grado de avance e implementación varía de un país a otro. A pesar de que algunos países han dado pasos hacia la creación de marcos regulatorios, en general, la regulación aún está en proceso de implementación y no existe un consenso regional claro.
En Brasil se ha promulgado el Marco Legal para Activos Virtuales, que establece principios generales para la regulación de los criptoactivos. A pesar de ser un paso importante, aún se debe desarrollar los reglamentos para que la ley sea plenamente operativa.
Chile y México han definido los activos virtuales dentro de sus respectivas Leyes Fintech, pero no cuentan con regulación específica de criptoactivos.
Por otra parte, Colombia es el único país de la región que ha implementado un sandbox regulatorio para permitir la prueba controlada de proyectos relacionados con criptoactivos.
Este enfoque tiene como objetivo fomentar la innovación dentro de un marco controlado y es una de las pocas iniciativas de este tipo en América Latina.
En cuanto a la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML/CFT), cinco países de la región han implementado medidas en ese sentido, estableciendo sistemas de reportes obligatorios relacionados con las actividades de activos virtuales para reportar transacciones sospechosas a las autoridades correspondientes.
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