El grupo chileno Ultramar le ofreció US$ 2,4 millones a la cerealera concursada Vicentin para quedarse con su participación en dos compañías que operan en el puerto de Rosario. Una de ellas es Terminal Puerto de Rosario (TPR) y la otra, Playa Puerto SA. En ambos casos, la empresa agroindustrial argentina tiene una participación del 10,2%.
Hasta el momento, Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg, los interventores de Vicentin, reconocieron no haber evaluado la oferta de la chilena, que está dispuesta a pagar US$ 1,8 millones por TPR y US$ 500.000 por Playa Puerto.
Según informaron al Juez de la causa, Fabián Lorenzini, Shocrón y Nudemberg consideran necesaria la venta de activos no esenciales a fin de obtener recursos para la magra caja de la concursada. La cerealera arrastra un default por más de US$ 1.500 millones desde 2019, por lo que durante los últimos meses sus esfuerzos estuvieron focalizados en la búsqueda de alternativas para garantizar la viabilidad de la empresa y sus distintas unidades de negocios. Es por eso que los accionistas ya habían evaluado la venta de activos ociosos o ‘non core' de Vicentin.
Si bien el patrimonio de la concursada está protegido para garantizar el pago a los acreedores, la operación podría concretarse con la aprobación del juez. Es que, al tratarse de un activo no esencial para la operación de Vicentin, solo requiere del visto bueno de, en este caso, Lorenzini.
Ultramar, propiedad de la familia chileno-alemana Von Appen, realizó su oferta a través de una de sus firmas en Argentina, Inversiones Portuarias Andinas Limitada. Según consignó el medio especializado Bichos de Campo, la filial local de la chilena ya es dueña del 50% de TPR y Playa Puerto, lo que permite vislumbrar sus intenciones de quedarse con el control de ambas empresas.
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Vicentin tomó el control de las compañías en 2009, cuando ingresó como accionista mayoritario. En 2012, el grupo chileno se incorporó con un 30% de las acciones, lo que lo colocó en socio minoritario. A pesar de que auditorías oficiales que datan de 2018 reflejan que Vicentin Family Group tenía formalmente apenas un 10,2% de participación directa, mantenía el control operativo de las empresas a través de otras sociedades.
En 2024, Inversiones Portuarias Andinas Limitada concretó la compra del 50% del capital de TPR, alcanzando así la mitad de la participación en la compañía. En ese momento, ejecutivos del grupo chileno destacaron ante medios santafesinos su interés estratégico en la terminal, impulsado por la confirmación de nuevas inversiones mineras en Catamarca y San Juan, que proyectan un mayor movimiento de carga para exportar producción e importar insumos a través del puerto rosarino.
Tanto TPR, como Playa Puerto están ubicadas dentro de la infraestructura portuaria del Área Metropolitana del Gran Rosario. Esto significa que operan en una de las zonas más importantes del país para las exportaciones del sector agroindustrial: desde los puertos del Gran Rosario (ubicado a orillas del Río Paraná, desde la localidad de Timbúes hasta Arroyo Seco) se despacha entre el 78% y el 80% de las exportaciones argentinas de aceites, granos y subproductos.
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La actualidad de Vicentin
Luego de la apertura del proceso de rescate, solo cinco empresas están realmente en carrera para quedarse con Vicentin. Aunque fueron 11 las firmas que se anotaron para participar del cramdown, solo cinco de ellas hicieron el depósito de garantía y dos gigantes se aliaron para competir.
La lista final de candidatos que podrán presentar propuestas de salvataje para la concursada quedó conformada por Bunge, Grassi -en representación de Commodities-, Unión Agrícola Avellaneda y la alianza de Molinos Agro y LDC (Louis Dreyfus Company), ya que se presentaron de manera conjunta.
Las firmas que se bajaron de la pelea fueron Atilio Marotte, Yabitel, Barbero Cereales y Bioenergías Agropecuarias.
En tanto, tres de las mayores multinacionales agroexportadoras decidieron no participar del proceso de salvataje. La primera es Cargill, que, si bien había cerrado contratos de fasón para contribuir a la reactivación de la compañía, no se inscribió en el cramdown. Tampoco participaron la china Cofco y la americana ADM (Archer Daniels Midland).
El próximo paso en el proceso de salvataje es la presentación del informe por parte del evaluador designado, cuyo plazo vence el 29 de agosto. A partir de ese dictamen, el juez deberá habilitar la etapa de adhesiones, en la que los acreedores decidirán si avalan alguna de las propuestas presentadas.
Para más información, revisa la nota de El Cronista.
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