Los tiempos se aceleran y la petrolera de mayoría estatal argentina tendrá un lunes de definiciones. Es que, por un lado, vence el plazo original de 14 días dictado por la jueza del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, para que el Estado argentino entregue sus acciones de YPF, el 51% del total.
Este mismo lunes, la jueza deberá además definir si acepta el pedido de Argentina de suspender su decisión, es decir, la entrega de las acciones, mientras que el país apela la orden de ceder las acciones a los fondos Burford Capital y Eton Park.
Si la suspende, los fondos no podrán avanzar sobre los activos que reclama en la medida que se mantenga la apelación.
Argentina además ya advirtió que analiza ir hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, haciendo valer su buen vínculo con ese país, para evitar un fallo que considera un "daño irreparable". El Gobierno de ese país ya se manifestó en favor de evitar embargos a la empresa.
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La apelación que concretó Argentina el jueves pasado amplia a cuatro las apelaciones que el país mantiene en el marco de la misma causa, advirtió el CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril. Una es por la sentencia que estableció que Argentina deberá pagar US$ 16.000 millones por la estatización a los fondos que compraron el derecho a litigar. Otra es por un pedido de desestimar el caso, y las dos nuevas son por la decisión de Preska de ceder las acciones a Burford y Eton, así como a Bainbridge, un fondo que entró a la demanda por la ventana y pidió que se le aplique el mismo beneficio que a los otros dos demandantes.
Cabe agregar que, ante este escenario, otros fondos solicitaron que se aplique la cláusula "me too" (yo también) y que se les otorgue el mismo beneficio que se aplicó para los fondos que demandaron por la expropiación de la petrolera.
Mientras tanto, el martes, una vez vencido el plazo original para la ejecución de la sentencia, las partes se encontrarán, convocadas por la magistrada.
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