La mayor gestora de fondos del país cumplió hace dos semanas 90 años de trayectoria, pero, lejos de los festejos, los últimos días han sido especialmente duros al interior de LarrainVial (LV). El pasado lunes, el Ministerio Público comunicó que ocho ejecutivos y directores de la compañía serán formalizados el próximo mes por delitos relacionados con el caso Factop, en el cual existe un total de 13 imputados.
El hecho tuvo profundas repercusiones en los días posteriores. Ayer viernes, Manuel Bulnes, socio y director ejecutivo de LarrainVial SpA, presentó su renuncia a sus cargos ejecutivos, según informó en una carta interna a sus colaboradores el presidente del holding, Fernando Larraín Cruzat, quien precisó que Bulnes permanecerá como socio, mientras se enfoca en su defensa.
“Dentro de los argumentos para tomar esta difícil decisión, destaco especialmente la voluntad de Manuel de evitar que la próxima formalización represente un problema para la operación de LarrainVial y respeto que quiera enfocarse en su defensa judicial”, señaló Larraín.
Pero este escenario también tuvo implicancias para otro alto directivo. Felipe Porzio -director de Finanzas Corporativas y socio-, quien también concretó su salida del directorio de LV Corredora de Bolsa.
Con todo, los movimientos desencadenados por esta arista del Caso Factop ya se habían dejado sentir este miércoles con la salida de cinco directores y el gerente general desde la AGF LV Activos. Se trata de los ahora exdirectores de esa filial Andrés Bulnes (presidente), Andrea Larraín, José Rafael Correa, Jaime Oliveira y Sebastián Cereceda, a los que se sumó la partida del gerente general Claudio Yáñez. La arista penal hizo inviable su permanencia aunque continuarán en otras funciones en LV.
En ese marco, esta semana se produjo otro movimiento de proporciones: José Miguel Barros, histórico director de finanzas corporativas, volvió a LV como presidente de la AGF LarrainVial Activos (LVA), mientras en la gerencia general asumió Juan Pablo Flores.
El foco de la investigación
La serie de cambios en LV tienen lugar ad portas de la audiencia de formalización fijada para el 13 de enero próximo en el Cuarto Juzgado de Garantía. En esa oportunidad se especificarán las acusaciones a los imputados de seis delitos: lavado de activos, estafa, delitos tributarios, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil y entrega de información falsa al mercado. Se ha puntualizado que no todos los imputados serán acusados de todos los delitos establecidos.
En el caso del grupo de ejecutivos y directores de LV, el foco de la acción de los fiscales es el fondo “Capital Estructurado I”, que tenía por objetivo reestructurar las deudas que mantenía Antonio Jalaff con distintos acreedores, transformándolas en una participación accionaria indirecta en Grupo Patio. El fondo recibió aportantes por dos tipos de series: la A, donde acreedores convirtieron sus pasivos en cuotas del fondo, y la B, donde se compraban con recursos frescos cuotas del fondo.
Las aristas judiciales del fondo que administraba LV son diversas. Los dineros de los aportantes de la serie B fueron usados principalmente para pagar a empresas acreedoras relacionadas con los Sauer, los Jalaff y el grupo Patio. Aquí el centro de la investigación es la eventual relación de ese fondo con flujos provenientes de dineros ilícitos obtenidos a través de financiamiento irregular, y facturas falsas por parte de las sociedades ligadas a los hermanos Jalaff.
Por otro lado, la valoración que hizo LV de Grupo Patio se desplomó a los pocos meses. Desde su lanzamiento, la cuota del fondo perdió un 87% de su valor.
Cabe recordar que en el proceso instruido por la CMF se atribuye a los protagonistas de este caso “actuaciones, mecanismos o prácticas fraudulentas que indujeron a los inversionistas a adquirir cuotas”.
El rol de Bulnes
A sus 55 años, Manuel Bulnes es socio clase A de LV. Su carrera en la firma comenzó en 1992 y con el tiempo sus responsabilidades crecieron hasta que en 2007 asumió la gerencia general de LV Corredora de Bolsa, cargo que dejó en noviembre de 2014, en medio del “Caso Cascadas”, proceso en el cual fue multado en su oportunidad, pero dicha sanción fue revocada en la Corte de Apelaciones, y será vista por la Suprema.
Ahora en el caso Factop, hay distintas versiones sobre su rol en esas operaciones. Ante la Fiscalía, Bulnes declaró que, ante una solicitud de Álvaro Jalaff y Cristián Menichetti para agrupar a los acreedores de Antonio Jalaff, los puso en contacto con Felipe Porzio.
Esa reunión se concretó en junio de 2022, donde Álvaro Jalaff, Cristián Menichetti y Cristián Cahe (director de Finanzas de Patio) le preguntaron a Porzio si LV podía tener participación en una estructura que agrupara a todos los acreedores de Antonio.
En el encuentro también participó Bulnes, aunque según su versión, actuó solo como intermediario y que posteriormente dejó de participar "salvo situaciones particulares”.
La versión de Daniel Sauer es distinta. "Quien ideó este fondo es Manuel Bulnes”, declaró en diciembre, agregando que era él “quien comercialmente aprueba esto teniendo un rol clave”, aunque aclara que el socio de LV “no estaba en la operativa del fondo”, sino solo ante “algún problema o control de daños”.
De las declaraciones a la justicia, se desprende que Bulnes tenía una estrecha amistad con los hermanos Jalaff. “Se les veía juntos en Grupo Patio” y con Álvaro Jalaff “viajaban juntos a México”, se indicó. Por su parte, Antonio declaró que a “Bulnes (...) lo considero un amigo”.
Una relación laboral
Director de Finanzas Corporativas y socio de LV, Felipe Porzio se incorporó a la empresa en 1997.
Sauer declaró ante la Fiscalía que fue Bulnes “quien le dio la orden a (Felipe) Porzio para que estructurara la base del Fondo Capital Estructurado I". Por su parte, Antonio Jalaff explicó que Porzio y Yáñez, lideraron el proceso del fondo.
Al respecto, Porzio declaró que, en los primeros días del fondo -entre julio y diciembre de 2022- tuvo una “participación acotada”, descartando haber propuesto el mecanismo para canjear las acreencias por una participación indirecta de Patio y enfatizó que el instrumento de inversión cumplió con todos los protocolos internos.
Además de la reunión “introductoria” en junio de 2022, Porzio participó en otros encuentros. En agosto y septiembre de ese año se reunió con acreedores y ejecutivos de Factop y STF Capital, donde explicó “el funcionamiento del fondo y la posibilidad de canjear sus acreencias por cuotas”. En esas reuniones, ejecutivos de STF plantearon el interés de clientes interesados en invertir en el fondo, lo que luego originó la serie B. En tanto, Porzio aseveró que nunca tuvo contacto directo con clientes de STF, y que su vínculo con Antonio Jalaff era solo una “relación laboral”.
Claudio Yáñez y la AGF
Claudio Yáñez se unió hace 13 años a LV, y asumió la gerencia de la AGF en 2016, cargo al que renunció esta semana manteniéndose como gerente de distribución. Relató a la Fiscalía que fue contactado por Porzio a mediados de 2022 en la fase de preparativos del fondo. Por ello es que desde la perspectiva del caso su rol es clave considerando que tenía a cargo la gerencia dedicada a la administración de fondos de inversión. En sus declaraciones, ha detallado las gestiones relacionadas, como el mecanismo para valorizar Grupo Patio y la elaboración del reglamento interno del fondo.
Los cinco exdirectores
Tras las renuncias al directorio de LV Activos, Andrés Bulnes mantuvo su cargo como gerente de distribución de productos a terceros, mientras Sebastián Cereceda sigue en la gerencia de finanzas corporativas. Por su parte, Andrea Larraín se mantiene como gerenta de gestión y planificación; José Correa, como gerente general de Activa Private Debt, y Jaime Oliveira, como gerente inmobiliario.
La participación que se investiga de este grupo de exdirectores en el Caso Factop radica, principalmente, en la aprobación del vehículo de inversión, además de recibir reportes de los avances y los reglamentos internos. Los directores subrayaron que el fondo se habría presentado como una atractiva oportunidad de negocios y que se enfocó en inversionistas calificados porque “no estaba asegurada la conversión” y esta “no tenía garantías”. También descartaron que STF Capital actuara como agente colocador.
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Francisco Noguera
