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Alto contrasteEl reloj demográfico ya está corriendo
Por Soledad Hormazábal, directora de evidencia de Pivotes
Pensiones
Casi 100 mil personas se pensionaron en Chile entre enero y junio de este año. Hace una década se jubilaban 8 mil personas al mes; hoy es el doble. Los pensionados por vejez pasaron de 1,16 a 2,15 millones en 10 años. Y esto recién empieza. La Asociación de AFP proyecta que 1,35 millones de afiliados alcanzarán la edad legal de jubilación en los próximos cinco años.
El cambio demográfico no es un desafío exclusivamente previsional, también es fiscal. Cada cohorte que cruza los 65 años eleva significativamente el gasto en PGU, que se financia con impuestos generales. El gran problema es que los impuestos los pagan en una mayor proporción los trabajadores activos. La famosa pirámide poblacional invertida nos afectará por el componente solidario aun cuando nuestro sistema contributivo se basa en la capitalización individual.
El pilar solidario hace algo sensato, que es exigir 65 años para acceder a los beneficios, un incentivo real a que las mujeres posterguen la edad de jubilación. La reforma hace otro tanto al entregar el bono tabla íntegro solo a mujeres que se pensionen a partir de los 65 años, aquellas que se jubilan antes reciben solo una fracción del beneficio. El efecto podría estar observándose, ya que la edad promedio a la que se pensionan las mujeres subió a 62,4 años, récord histórico, a pesar del gran nivel en el que se encuentra el desempleo femenino que incentiva adelantar esa decisión. Pero el efecto tiene techo, porque el umbral quedó fijo.
Desde que se creó el sistema en los años 80, Chile no ha modificado la edad legal de retiro, mientras la expectativa de vida no para de subir. Una mujer que jubila a los 60 debe financiar casi 31 años de pensión; un hombre que lo hace a los 65, casi 22. Ningún sistema resiste indefinidamente esa aritmética. Todos lo saben, pero abordar el problema es políticamente muy difícil.
Una solución es desligar a futuro esta decisión de la arena política e indexar, tal como lo hacen Dinamarca, Portugal o Italia. La edad legal de retiro y también la edad desde la cual se empiezan a pagar los beneficios solidarios deberían ajustarse automáticamente a los aumentos en las expectativas de vida. Postergar el debate no evita el ajuste: solo lo encarece.
