Después de décadas de preparación, el supuesto acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, compuesto por países sudamericanos -incluyendo los miembros plenos Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay- parece estar a punto de alcanzar una decisión definitiva.
Esta semana, se espera que la Comisión Europea envíe el texto del tratado -junto con un acuerdo comercial mejorado con México- a los Estados miembros de la UE y al Parlamento Europeo para su aprobación.
La justificación económica del acuerdo debería ser evidente. Constituiría el mayor acuerdo formal de libre comercio de la UE y profundizaría significativamente las relaciones comerciales en un momento en que tanto Europa como varios países del Mercosur sufren las consecuencias del agresivo nacionalismo económico del Presidente estadounidense, Donald Trump.
Y lo que es más importante, demostraría la capacidad de las partes para implementar estrategias geopolíticas autónomas y no simplemente seguir las órdenes de la Casa Blanca.
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Para la UE, en particular, demostraría que su pretensión de liderar el orden comercial basado en normas -que sufrió un duro golpe el mes pasado cuando accedió a la extorsión de Trump para obtener un "acuerdo" que viola las normas- no es pura palabrería.
A diferencia de la serie de acuerdos vagos y efímeros que está firmando el EEUU de Trump, el acuerdo UE-Mercosur es auténtico. Es jurídicamente vinculante, es genuinamente liberalizador y está a la altura de las preocupaciones de los ciudadanos gracias a sus compromisos con el clima, el medio ambiente y otros valores sociales y éticos.
Hasta ahora, sin embargo, la política europea localista ha obstaculizado el acuerdo UE-Mercosur. Los agricultores europeos han protestado enérgicamente contra la apertura de los mercados de la UE a productos agrícolas latinoamericanos como la carne de ave y la carne de vacuno, especialmente en Francia, donde la política agrícola puede ser un fenómeno hereditario.
La resistencia francesa es en gran parte responsable por la tardanza en negociar un tratado tan importante desde el punto de vista económico y de la falta de urgencia en la ratificación.
Si Bruselas finalmente da ese paso esta semana, el texto pasará al Consejo de Estados miembros de la UE y al Parlamento Europeo para su aprobación. El futuro del acuerdo en estos foros es incierto. Además de Francia, Polonia se ha manifestado en contra del texto en su versión actual. Irlanda, Países Bajos y Austria han expresado objeciones en el pasado. Pero incluso si todos votaran en contra, la mayoría cualificada significa que el acuerdo sería aprobado por el Consejo.
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El acuerdo sólo sería rechazado si Italia -otro Estado indeciso- se une a los reticentes. Sin embargo, como gran exportador de manufactura y alimentos, tiene mucho que ganar con el acuerdo.
La Comisión ha trabajado para responder a las preocupaciones de los escépticos, en particular prometiendo un fondo de compensación para los agricultores afectados. Pronto se sabrá si esto es suficiente para desbancar a suficientes oponentes y asegurar la aprobación del tratado. Pero la Comisión tiene razón al forzar una decisión en lugar de esperar un consenso difícil de alcanzar. El Consejo y el Parlamento no deberían retrasar el proceso, sino agilizar la votación del acuerdo.
La importancia estratégica de avanzar con este acuerdo comercial, especialmente en el contexto global actual, debería convencer a suficientes de los países reacios a abandonar su oposición y permitir que el acuerdo se concrete. Francia, en particular, ha abogado durante mucho tiempo para que la UE se convierta en un actor geopolítico más fuerte a nivel mundial. La firma de este acuerdo contribuiría en cierta medida a cumplir esta ambición.
Más allá de los beneficios sustanciales que aportaría, la aprobación de este acuerdo comercial representa una prueba de la firmeza de la UE, que el bloque no debería desaprovechar en estos momentos de máxima presión contra la cooperación internacional basada en normas. Si no sucede ahora, ¿cuándo se logrará?
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