A poco más de un mes de su aprobación, la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Presidente Javier Milei sufrió un revés, luego de que el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo suspendiera de forma provisoria 82 de sus 218 artículos.
La medida fue dictada a partir de una acción presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), en la cual argumentaron que la reforma introducía cambios regresivos y de carácter permanente que vulneraban derechos como la protección frente al despido y la libertad sindical.
En esa línea, el gremio cuestionó la constitucionalidad de diversos cambios incluidos en la nueva normativa, aludiendo también a que transgredían principios fundamentales como la progresividad laboral, la libertad sindical y el sistema que protege al trabajador.
El juez laboral Raúl Ojeda consideró atendibles los planteamientos del gremio -el de mayor peso en el país- y dio lugar a la medida cautelar.
Adicionalmente, su fallo dejó sin efecto otras medidas contempladas en la reforma de Milei que tienen como objetivo derogar la ley de teletrabajo, así como otras destinadas a reducir la responsabilidad de las empresas en esquemas de subcontratación y aquellas que clasifican como “prestadores independientes” a trabajadores de plataformas digitales.
Frente a esta situación, el Ministerio de Capital Humano de Argentina anunció que apelará el fallo. “Se agotarán todas las instancias judiciales necesarias para garantizar la plena vigencia” de la nueva ley.
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Obstáculos adicionales
La resolución judicial representa uno de los desafíos más relevantes que ha enfrentado la reforma laboral del Gobierno de Javier Milei, la cual deberá encarar obstáculos adicionales desde el poder legislativo.
En el Senado se busca derogar la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), bajo el argumento de que no constituye un verdadero sistema de seguridad social, sino un esquema de capitalización individual financiado indirectamente con recursos públicos.
Dicho sistema, contemplado en la reforma, fue diseñado como una alternativa al régimen tradicional de indemnizaciones, pues en lugar de un pago único ante despido, establecía aportes mensuales del empleador que se acumulan en un fondo destinado a cubrir la eventual desvinculación del trabajador.
Así, los fondos se financiarían mediante una contribución mensual de las empresas, donde las grandes compañías aportarían el 1% de las remuneraciones, mientras que las pymes destinarían cerca del 2,5%.
Pese a todo, según medios locales, el Gobierno -a través de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN)- estaría preparando una presentación para revertir la medida judicial, en defensa de una reforma que consideran clave para la reactivación económica y que, según el propio Presidente, busca atraer inversión al país.
En ese contexto, Iván Carrino, investigador asociado de Faro UDD, advirtió que este tipo de decisiones reflejan dificultades estructurales para avanzar en mejoras económicas para Argentina. “Cuanto más complejo sea hacer reformas en ese rumbo, más difícil va a ser que el país pueda crecer, recibir inversiones y pueda salir de un proceso de decadencia que ya acumula 40 años”, enfatizó.
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