Este lunes, el séptimo Tribunal Mercantil de Río de Janeiro decretó la quiebra del gigante brasileño de telecomunicaciones Oi, junto a la suspensión de todas las acciones y ejecuciones contra el proveedor, así como también la prohibición de cualquier acto de disposición o gravamen de los bienes de los quebrados.
De acuerdo con lo informado, las actividades de la empresa continuarán de forma provisional bajo la gestión de la administración judicial.
"Ya no hay sorpresas respecto al estado del grupo en reorganización judicial. Oi está técnicamente en quiebra", se lee en el documento.
La operadora de telecomunicaciones brasileña será liquidada tras dos procesos judiciales de reestructuración fallidos que figuraron entre los mayores de la historia de Brasil. Hasta antes de la decisión judicial, la firma se encontraba en su segundo proceso de reorganización judicial comenzado en marzo de 2023. La primera reorganización judicial de la empresa duró desde 2016 hasta 2022.
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Primer intento
Los problemas de la compañía datan de casi una década cuando presentó su solicitud de protección por bancarrota por un monto de US$ 12.251 millones (65 mil millones de reales brasileños) en 2016 ante un tribunal de Río de Janeiro.
En ese entonces, la solicitud venía de la cuarta mayor empresa de telecomunicaciones inalámbricas de Brasil, la cual sorprendió al sector financiero que se encontraba presionado por una profunda recesión que había golpeado duramente a empresas de todo el país.
El proceso incluyó la creación de dos grupos de tenedores de bonos opositores, entre los que se encontraban Aurelius Capital Management y GoldenTree Asset Management, y y acreedores como el Banco de Desarrollo de China. Dicha medida desencadenó pagos por US$ 14.000 millones en permutas de incumplimiento crediticio.
Durante el periodo, Oi también tuvo que vender sus operaciones móviles a sus rivales TIM SA, Telefónica Brasil SA y Claro, la filial de la mexicana América Móvil, en un acuerdo histórico que alcanzó los 16.500 millones de reales brasileños.
Seis años después, en diciembre de 2022, la compañía anunció que su primer proceso de protección por bancarrota.
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Segundo proceso y caída final
Pese a que las acciones de la firma se dispararon después de revelar su salida del proceso de protección, en marzo de 2023, volvió a presentar el requerimiento a sus acreedores para evitar un impago cruzado y la aceleración de sus obligaciones, mientras seguía lidiando con una creciente deuda y una constante fuga de capitales.
En ese entonces, el escenario tampoco era crítico, pues las tasas de interés en Brasil no paraban de aumentar y una continua pérdida de clientes de telefonía fija, volvió el escenario mucho más insostenible.
Durante sus dos solicitudes de quiebra en Brasil, Oi tomó medidas similares en Estados Unidos donde solicitó acogerse al Capítulo 15.
No obstante, las tensiones aumentaron en julio de este año, después de que Oi solicitara poner fin a ese proceso, afirmando en un documento que aún estaba estudiando opciones, las que podrían incluir la presentación de un procedimiento de reestructuración en virtud del Capítulo 11 de la Ley de Quiebra de EEUU.
La idea de la empresa era intentar acceder a hasta US$ 70 millones en nueva financiación como deudor en posesión, después de haber recibido la aprobación de US$ 400 millones en diciembre de 2023.
Sin embargo, un proveedor respaldado por fondos administrados por Banco BTG Pactual impugnó la capacidad de la compañía para acogerse al Capítulo 11 bajo el argumento de que la ley brasileña prohíbe que una empresa solicite protección judicial frente a sus acreedores más de una vez en un período de cinco años.
Por ello, el reciente debate jurídico se centró en lo que el tribunal calificó como un intento sin precedentes de gestionar procesos de quiebra en Brasil y EEUU sin que uno tuviera prioridad sobre el otro.
Desde EEUU, recomendaron que Oi iniciara un proceso de mediación con el proveedor en Brasil y a finales de agosto, un juez brasileño sugirió que el tribunal estadounidense esperara una resolución local antes de decidir si cancelaba o no el proceso de reorganización bajo el Capítulo 15.
Este lunes, además de la quiebra, el Tribunal brasileño ordenó congelar todos los ingresos provenientes de la venta de activos de la segunda reorganización judicial.
Con el anuncio, las acciones comunes de la compañía se desplomaron un 35,7%, cotizando 0,17 reales brasileños (US$ 0,032), mientras que las acciones preferentes cayeron un 34,7% hasta llegar a los 3,04 reales brasileños, posicionándose como las dos mayores caídas de intradia en el mercado.
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