Esposado, con grilletes y vestimenta tradicional de los presos se presentó el hoy exmandatario venezolano, Nicolás Maduro, ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde lo esperaba el juez Alvin Hellerstein para la lectura de los cargos que pesan en su contra: narcoterrorismo, conspiración, narcotráfico, blanqueo de dinero, entre otros.
“No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el Presidente de mi país”, dijo Maduro en español.
Según medios presentes, el exlíder chavista basó su defensa en haber sido “secuestrado” en su casa en Caracas y, a su salida de la sala, aseguró que volverá al país en libertad y retomará su cargo.
Junto a él, y bajo las mismas condiciones, estaba su esposa, Cilia Flores, quien se identificó -en inglés-como “la primera dama de Venezuela” y luego aseveró: “Soy inocente, completamente inocente”.
La pareja fue trasladada bajo fuertes medidas de seguridad por auto y helicóptero desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, luego de haber sido extraídos por fuerzas armadas estadounidenses de su vivienda en la capital venezolana el sábado.
El juez fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo. Mientras tanto, los esposos permanecerán en la prisión, mejor conocida como “el Infierno en la Tierra”.
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Antes de la audiencia, decenas de manifestantes se congregaron frente al juzgado. Algunos portaban carteles exigiendo la liberación de Maduro y su esposa, y al menos uno portaba una bandera de Trump. Otros portaban carteles que decían "¡EEUU, manos fuera de Venezuela!".
La fiscalía afirma que Maduro dirigía una organización que envió miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos y facilitó la corrupción que enriqueció a su familia. Fue acusado de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de ametralladoras.
Las autoridades estadounidenses han señalado durante meses al mandatario venezolano de dirigir una organización criminal llamada Cartel de los Soles -algo que Maduro ha negado insistentemente- y ofrecieron una recompensa de US$ 50 millones por información que condujera a su captura.
Esta cita inicial marca el ingreso formal del exlíder chavista al sistema judicial estadounidense y abre una etapa procesal con alto impacto político y diplomático. Se estima que el juicio podría demorar entre uno y dos años.
En la presentación de los cargos, Maduro se declaró inocente de narcoterrorismo. En la misma situación está su esposa, Cilia Flores, quien es considerada cómplice de todas las acciones de su pareja.
Ambos están recluidos desde el sábado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, luego de haber sido extraídos por fuerzas armadas estadounidenses de su vivienda en Caracas, en una operación calificada por Donald Trump como "impecable".
El MDC de Brooklyn es un centro de detención administrativa federal de Estados Unidos ubicado en el barrio Sunset Park de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Alberga a reclusos de ambos sexos de todos los niveles de seguridad.
Largo juicio
Maduro contrató a Barry Pollack, abogado defensor de Washington, para ser su representante en un juicio que se espera se prolongue al menos un año.
Pollack cuenta entre sus antiguos clientes a Julian Assange, el periodista y activista australiano, conocido por ser el fundador, editor y portavoz del sitio web WikiLeaks.
Flores, en tanto, es representada por el abogado de Houston, Mark E. Donnelly.
En los dos casos, los expertos decidieron mantener la prisión sin fianza y dijeron que podrían decidir pedir la medida más adelante.
Los fiscales federales de Nueva York sostienen que Maduro habría supervisado una red de tráfico de cocaína con alianzas con organizaciones como los carteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, las FARC de Colombia y el Tren de Aragua venezolano.
El caso contra Maduro se remonta a 2020, cuando se le imputaron cargos en el contexto de una pesquisa más amplia sobre funcionarios venezolanos y exguerrilleros colombianos, ampliada ahora con nuevos detalles y acusados.
Mientras esto ocurría, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debatía la legalidad y las consecuencias de la incursión de EEUU en la nación caribeña, enfrentando la condena de Rusia, China y aliados latinoamericanos de Venezuela.
El secretario general del organismo, Antonio Guterres, manifestó preocupación por la estabilidad en Venezuela y por el “preocupante precedente” que se sienta con la acción militar, considerada la mayor intervención en la región desde la invasión de Panamá en 1989.
La representante de Chile, Paula Narváez expresó su preocupación y reiteró el “compromiso del país con el respeto al derecho internacional, la soberanía y la integridad territorial, la solución pacífica de las controversias, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y el respeto de los derechos humanos”.
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