Mientras en el oficialismo se comienzan a observar diferencias respecto de la situación del ministro de Vivienda Carlos Montes, la investigación que dio origen al caso convenios –los traspasos irregulares entre la Seremi de Antofagasta y Democracia Viva– está al rojo vivo, pues se complica aún más la situación de la diputada Catalina Pérez y del jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi. Lo que aumenta la presión sobre el Gobierno para su salida.
Ello, porque este viernes se conoció que Crispi fue citado a declarar por la Fiscalía, en calidad de imputado.
Según informó el matutino La Tercera, el abogado de Crispi, Guillermo Chahuán, explicó que el exdiputado “tiene la calidad de imputado porque el Partido Republicano presentó una querella en su contra de manera nominativa, no por una decisión de la Fiscalía”.
Y añadió que el anterior abogado de Crispi, Luis Hermosilla, ofreció la declaración voluntaria del jefe de asesores de La Moneda, que se había fijado para el 1 de diciembre, pero tras lo ocurrido a Hermosilla, cuando asumió Chahuán la defensa solicitó cambiar la fecha para la semana del 18 de este mes.
Crispi dejó de requerir los servicios de Hermosilla, luego de que el propio abogado fuera involucrado en un caso de sobornos.
Reacciones
Mientras, desde el propio oficialismo, el diputado Raúl Soto, salió al paso de los últimos hechos conocidos en este caso y señaló que el presidente Gabriel Boric “no puede tener, en su círculo más cercano, adentro de La Moneda, a un asesor que está siendo citado a declarar en calidad de imputado, en el contexto de un caso de corrupción” y que el mandatario debe tomar una decisión difícil y rápida, “y evaluar la continuidad de Miguel Crispi por el bien del Gobierno y del propio Presidente".
Por su parte, el diputado opositor Juan Antonio Coloma (UDI) insistió en pedir la salida de Montes y Crispi, advirtiendo que esto “no da para más”, junto con valorar el trabajo de la Fiscalía, pues con su investigación podrían “desbaratar una de las redes de corrupción, al interior del Estado, más grande las últimas décadas”.
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