Constitución, reforma y sistema político

Al plantearse hace dos años la posibilidad de un proceso de reforma constitucional, en un contexto social y político tensionado por los violentos hechos del 18-O y sus consecuencias, muchos críticos temían que se extremaran los objetivos y alcances del cambio a la Constitución, para entenderlo como la vía hacia una completa (o casi) redefinición de instituciones clave del sistema político y económico.

Por desgracia, mucho de lo ocurrido con la Convención Constitucional en sus nueves meses de funcionamiento ha justificado esos temores, y es claro que un grupo importante, si no mayoritario, de convencionales entiende su misión desde la lógica de la “refundación”, no de la reforma. La aprobación por parte del pleno la semana pasada de una norma que crea una Cámara de las Regiones, poniendo fin al Senado y dos siglos de tradición republicana, ratifica un propósito refundacional que no fue el mandatado en las urnas.

Numerosos actores políticos y expertos constitucionales -entre ellos algunos inicialmente muy favorables a la reforma- han señalado que, junto con la eliminación del Senado, preocupa el proceso por el que se llegó a aprobarla, que incluye el rechazo de muchos otros artículos de reforma al sistema político, así como notorios vacíos para definir equilibrios, competencias y composición de sus distintas partes, entre otros problemas. El resultado carece de coherencia, e incluso desde el actual oficialismo se ha criticado la falta de estándares y los potenciales riesgos para la gobernabilidad. En particular preocupa la escasa atención a la importancia de los contrapesos al interior del Poder Legislativo y sus efectos en la relación con otros poderes, como el Ejecutivo.

Lo anterior forma parte de un proceso constitucional que da señales cada vez más claras de alejarse de las expectativas ciudadanas, como sugieren sondeos que están dando mayoría a la opción de rechazar el documento que se proponga en el plebiscito de salida. Perfeccionar y actualizar la Constitución es un propósito muy distinto al de refundar la república y sus instituciones fundamentales.