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Alto contrasteCrimen organizado, una amenaza que exige prioridad nacional
En los últimos días, dos hechos pusieron en alerta sobre el avance del crimen organizado en Chile. Por un lado, la detención de seis suboficiales del Ejército involucrados en tráfico de drogas; y, por otro, la desarticulación de una red de lavado de activos del Tren de Aragua, que blanqueó desde el país más de US$ 13,5 millones, mediante criptomonedas, testaferros y empresas ficticias. Ambos casos reflejan un fenómeno que ya no es marginal ni incipiente, sino una amenaza estructural que compromete la integridad de las instituciones, el orden público y la viabilidad económica del país. Enfrentarlo debe ser una prioridad del Estado y un tema ineludible en cualquier agenda política responsable.
Los exuniformados detenidos -y llevados ante la justicia por la Fiscalía- formaban parte de una estructura jerárquica que trasladaba droga desde Colchane hasta Santiago, usando pasos irregulares, con armamento y logística propia. Se trata de una infiltración directa del crimen organizado en una rama de las Fuerzas Armadas, en un hecho inédito que revela la capacidad corruptora de estas redes y que obliga a revisar los protocolos, inteligencia interna y resguardo institucional. En paralelo, la desbaratada red del Tren de Aragua operaba un sofisticado esquema de lavado, con 250 cuentas bancarias, empresas de papel, transacciones en criptomonedas y retiros en el extranjero. Los fondos ilícitos se originaron en la comisión de graves delitos, como narcotráfico, secuestro, trata de personas, extorsión y homicidios.
La labor de las autoridades -fiscales, policía, analistas financieros- ha sido clave. Pero sería ingenuo pensar que basta con responder caso a caso. El crimen organizado muta constantemente buscando nuevas formas para vulnerar los controles. La ONU estima que se lavan más de US$ 1,6 billones al año, el 2,7 % del PIB global. Chile, con un sistema financiero robusto y reputado, corre el riesgo de convertirse en plataforma involuntaria si no refuerza su capacidad de fiscalización, coordinación interinstitucional y trazabilidad financiera.
Los costos son enormes. Socialmente, estas organizaciones expanden la violencia y erosionan la cohesión. En lo fiscal, debilitan la recaudación. En lo económico, distorsionan mercados y fomentan la informalidad. Y en lo reputacional, exponen a los países a quedar bajo vigilancia internacional, afectando la inversión.
Abrir el secreto bancario puede ser parte del debate, pero no es la panacea. Se requiere una estrategia nacional integral, sostenida, con enfoque preventivo y tecnológico, que articule al Estado, al sistema financiero, a los reguladores y al sistema judicial en una misma dirección. En un contexto electoral, donde los desafíos estructurales tienden a ser desplazados por la coyuntura, el combate al crimen organizado debe ser un eje central de las propuestas, no hacerlo sería ignorar una amenaza que pone en jaque la soberanía del Estado, la seguridad de la población y la estabilidad institucional.
