El triunfo del Rechazo en el plebiscito del domingo le puso presión al Congreso y los partidos políticos para iniciar el trabajo de elaboración del itinerario para el nuevo proceso constituyente, iniciado ayer miércoles con la presencia del Ejecutivo que, sin embargo, aclaró por intermedio de la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, que solo actuará como apoyo del proceso, pero no emitirá opinión acerca del mismo.
No obstante, a la primera cita solo el Socialismo Democrático llegó con una propuesta clara acerca de los pasos a seguir, adelantándose a los demás partidos en esta fase.
Estos últimos deberán llegar con sus propuestas a la segunda cita del lunes 12 en La sede del Congreso en Santiago, a lo que se adelantaron el PS y el PPD.
El pacto PPD-PS venía trabajando sus propuestas incluso antes de que se constatara el triunfo del Rechazo. Porque su principal objetivo es reducir la incertidumbre constitucional, despejando el procedimiento y dando una señal de estabilidad, fijando un plazo relativamente breve para su resolución, como señala el documento expuesto ante los integrantes de la comisión que comenzó su labor este miércoles.
En este escenario, la propuesta del pacto Socialismo Democrático (PPD-PS) contempla diez criterios que estima cumplirían con el objetivo planteado por el sector de reducir la incertidumbre, especialmente dada la actual situación económica y social.
La primera propuesta ya está en marcha, ya que a juicio de este sector debería ser el Congreso el encargo de establecer el mecanismo y plazos para constituir una nueva Convención Constitucional sin la necesidad de un nuevo plebiscito de entrada. Este nuevo organismo, plantea el texto presentado, debe ser 100% electo, en una nueva elección a realizarse en noviembre, para que esté en condiciones de instalarse en enero de 2023. Elección que debería efectuarse con voto obligatorio.
Sin embargo, esta propuesta que da cuenta de la urgencia del proceso, no parece probable, pues estos plazos no coincidirían con los que necesita el Servel para habilitar una nueva elección.
En tercer lugar, la propuesta del PPD-PS contempla que el Reglamento de la nueva Convención se base en del Senado o la Cámara con el fin de evitar que la Convención pierda tiempo valioso en ese proceso y se aboque de inmediato a su labor de fondo. Ello, porque en el sector estiman que la primera Convención perdió mucho tiempo en ese proceso y el texto emanado no cumplió co el objetivo de facilitar los acuerdos.
El cuarto punto se refiere a los insumos con los que deberá trabajar la nueva Convención. En este sentido, se propone que el organismo electo realice su trabajo a partir de las propuestas emanadas del proceso iniciado por la expresidenta Michelle Bachelet, la recepción de propuestas de la Convención y el texto final de la misma; lo que deberá ser sistematizado por la Biblioteca del Congreso Nacional, para facilitar su consulta y revisión, sin perjuicio que las comisiones de la nueva Convención soliciten antecedentes adicionales.
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Itinerario y conformación
En el quinto punto, la propuesta del PPD-PS entra directamente al itinerario, planteando que la Convención debiera desarrollar su trabajo en un plazo máximo de seis meses, para que la nueva propuesta sea sometida a un plebiscito de salida, a celebrarse un mes después, esto el año 2023, con el fin de que en septiembre, cuando se cumplen 50 años del golpe de Estado, Chile cuente con una Constitución democrática. Ello porque esta fecha tiene un significado especial para el bloque y, en general, para la centroizquierda y porque de este modo, se plantea se cierra un ciclo.
Para ello, el cronograma que propone el pacto detalla que se debería alcanzar el acuerdo en septiembre; la elección de nueva Convención en noviembre, calculando que el Servel necesita dos meses para organizarla; que la calificación de la elección se haga en unas tres semanas; la instalación de nueva Convención en enero 2023; el cierre de su trabajo a principios de julio 2023; para realizar el plebiscito de salida en agosto del mismo año y su calificación en agosto; para terminar promulgando la nueva Constitución a principios de septiembre de 2023.
En sexto lugar, la propuesta aborda los quórums de aprobación de las normas por el Pleno, señalando que debe ser de 4/7, norma que ya fue aprobada en el Congreso, o en sus efectos de 3/5. Según se explica en el documento, estos quórums permiten aprobar las normas por mayoría, impidiendo el bloqueo de las minorías.
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En cuanto a la conformación de la nueva Convención, en el séptimo criterio se propone que sea constituida por 100 miembros electos, en una elección nacional, con listas de partidos o pacto de partidos actualmente vigentes que incluyan a independientes. Las listas deberán ser cerradas, lo que facilita la inclusión de expertos que no tengan experiencia como candidatos y paritarias bajo la modalidad de cebra (hombre y mujer sucesivamente).
Estas listas deberían ser constituidas por candidatos de al menos diez regiones y ninguna puede estar representada por más de un 35% para evitar la sobrerrepresentación de la región Metropolitana y permite formar listas nacionales a partidos más “chicos”, se explica.
En cuanto a los escaños reservados, el octavo criterio plantea que serán escaños supranumerarios, es decir, que se agregarán a los 100 de las listas nacionales; su número estará determinado por los electores que participen en la elección de representantes indígenas, de acuerdo a la proporción de votación respecto de la elección de las listas nacionales; la representación de los candidatos de pueblos indígenas será en proporción a la elección entre ellos; y, los candidatos de los distintos pueblos indígenas podrán conformar pactos entre ellos.
Se establece que se deben mantener los criterios definidos en la reforma constitucional de 2019, en el sentido de la nueva Constitución deberá respetar el concepto de República y la vigencia de los tratados internacionales, entre otros.
Y, por último, el décimo criterio que se propone dice relación con que la Convención tendrá que elegir y formar una comisión de expertos de 35 miembros, elegida en forma proporcional a sus mayorías, como instancia técnica de asesoría de apoyo a su trabajo, para que acompañe el proceso para una correcta redacción jurídico-constitucional del texto.
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