La decana de la Facultad de Derecho y profesora de la cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, Miriam Henríquez Viñas, por razones lógicas ha seguido con interés el debate constitucional. Y, tras la votación del lunes, donde se inició la última etapa del proceso, advierte que “contra lo pretendido por la mayoría de sus actuales redactores, genera mayor probabilidad de judicialización”.
Y se suma a quienes lamentan que este segundo intento no haya conseguido un acuerdo transversal que permita cerrar definitivamente este capítulo.
“(La propuesta) augura menor estabilidad y certeza jurídica”.
“Es contradictorio que quienes antes pregonaron la necesidad de una constitución minimalista, propongan una maximalista”.
- ¿Con qué impresión la deja esta segunda propuesta constitucional y por qué?
- Es lamentable que nuevamente el texto constitucional que se propondrá a la ciudadanía en el plebiscito no sea el resultado de un acuerdo transversal. La propuesta plasma la visión unilateral y conservadora del país y excluye a quienes tienen una mirada diversa. Debiéramos haber aprendido la lección del proceso pasado que nos dice que escribir una Constitución, como un pacto político y social, requiere que los futuros destinatarios se sientan representados por ella. Un pacto constitucional eficaz, en tanto contrato social, no ha de configurarse como un documento que suprima completamente los intereses de ciertos sectores de la sociedad o que imponga visiones hegemónicas.
- ¿A qué debe aspirar?
- Debe ser capaz de armonizar los diferentes intereses, culturas y estilos de vida de quienes lo suscriben, de manera tal que no existan vencedores ni vencidos, porque estos últimos podrían estimar que perdieron estrepitosamente y demandar con prontitud la revisión de lo aprobado como nueva Constitución.
- ¿Qué destaca del texto?
- En general, no diría que es un avance constitucional. El texto propuesto no se contenta con establecer las reglas básicas para la convivencia de una sociedad plural, sino que desarrolla un catálogo abultado y pormenorizado de principios, derechos, deberes y órganos estatales.
- En la oposición admiten que se crean muchos.
- Sólo a modo de ejemplo, los artífices de esta propuesta denunciaban un excesivo tamaño del Estado y constitucionalizan en ella alrededor de diez órganos estatales que no se establecen en la Constitución vigente. En sí mismo ello no es un demérito, pero sí es contradictorio que quienes antes pregonaron la necesidad de una constitución minimalista, propongan una maximalista.
- ¿Qué opina del capítulo sobre derechos y libertades fundamentales?
- Si bien en lo formal este capítulo se ve más desarrollado, lo es en favor de ciertos derechos que se identifican con las libertades y no con los derechos económicos, sociales y culturales. De cierta manera las libertades económicas o religiosas son constitucionalmente autoejecutables, mientras que los derechos sociales no. Zanja controversias fundamentales en el marco de una sociedad dividida e, incluso, desmantela acuerdos ya logrados en asuntos complejos. Por ejemplo, sobre el aborto al incorporar la frase que señala que la ley protege la vida de quien está por nacer.
“Un texto programático”
-¿La propuesta tiene muchos elementos de política pública que se debieran dejar al legislador?, como critica el oficialismo.
- El texto propuesto pretende solucionar problemas contingentes y que se corresponden más a políticas públicas, como la migración, la seguridad, la delincuencia y la violencia criminal organizada, que difícilmente encontrarán respuesta por la vía de reconocerlos en el capítulo de los derechos. Ello resta a la Constitución su carácter normativo y la convierte en un texto programático.
- Sobre el estado social y democrático de derecho hubo una fuerte polémica. ¿Se resolvió de buena manera?
- No, porque resulta insuficiente declarar que Chile es un Estado social y democrático de derecho, si el meollo del problema, esto es la existencia de derechos sociales fuertes en el articulado de la Constitución, es olvidado.
Con este texto, los derechos sociales clásicos resultan desconstitucionalizados y todavía sometidos a las lógicas de mercado.
- ¿El texto que será propuesto a la ciudadanía está a la altura de una constitución moderna, que responde a las necesidades del siglo XXI, como se esperaba?
- Es una constitución anclada en los problemas actuales, no es el pacto intergeneracional al que se aspiraba, máxime si limita al legislador en la regulación de los temas políticamente relevantes. Una Constitución colmada de detalles en lo relativo a principios, derechos y deberes estatales, que desmantela acuerdos sobre asuntos moralmente disputables, tiene mayor riesgo de quedar rápidamente obsoleta o requerir profundas reformas.
- ¿Al menos genera estabilidad si se cierra el capítulo?
- Por otro lado, y contra lo pretendido por la mayoría de sus actuales redactores, genera mayor probabilidad de judicialización. Ello augura menor estabilidad y certeza jurídica. Por último, las decisiones eminentemente contingentes le restan carácter normativo y vuelven en algo nominal el valor supremo de la Constitución.
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