El sábado 30 de septiembre quedó oficializada en tribunales una controversia que se desató entre el gestor del Bar La Virgen y el concejal Tomás Kast. Ese día, Juan Alberto Schiavoni, en representación de Gastronomía La Virgen Vitacura SpA, introdujo un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la Municipalidad de Vitacura, por medio del cual reclamó por la no renovación de la patente de alcoholes del local que estaba cerca del Paseo El Mañío.
Lo singular de la queja es que, en el escrito, el representante del Bar La Virgen dirigió frontalmente parte importante de sus alegaciones en contra del mencionado concejal.
“El acto de agravio sufrido por Bar la Virgen, posee un germen indeseado para nuestra Democracia Constitucional, que se denomina amenaza autoritaria. El Concejal Tomás Kast, previo a la Sesión de Concejo donde no se renuevan las patentes de alcoholes del bar, concurre a sus dependencias -en un aparente acto de fiscalización-, donde no tan sólo se le observa bailando, disfrutando y consumiendo alcohol, sino que también asediando a público en general en la barra de alcoholes. En este contexto, en razón de los hechos, el personal de Bar La Virgen, decide expulsarlo del recinto, donde el Concejal arrogándose de facultades, les expresa: ‘los voy a clausurar’, quien posteriormente cumple su palabra”, dice el inicio de la acción legal, la que luego profundiza en los hechos.
“Previo a la dictación del acto de agravio de no renovación, el concejal Tomás Kast amenazó a mi representada de clausurarla definitivamente, luego de que éste fuera expulsado del recinto por asediar e incomodar al público en general, según se acreditará a través de medios audiovisuales, cumpliendo finalmente su palabra”.
Consultado Juan Alberto Schiavoni por DF MAS, éste profundizó en sus dichos, señalando que tras esto hubo partes y luego la no renovación de la patente de alcoholes, en circunstancia que trabajaban de la misma manera que lo hizo durante 14 años un anterior local que funcionaba allí, con patente de cabaret (ellos compraron en enero).
Lo sucedido, dice, los obligó a cerrar de inmediato el complejo en julio, junto con otro local aledaño (Club La Virgen). Todo esto, indicó, pese a no tener reclamos de vecinos, ni de ruidos molestos, agregando que buscará una indemnización por la pérdida patrimonial por el cierre, unos $ 400 millones a $ 500 millones, señala, pues ya están vendiendo el derecho de llave.
En la vereda del frente, el concejal Tomás Kast desestimó todas estas imputaciones. “Desmiento categóricamente el relato que ellos pretenden establecer. Yo no fui a fiscalizar, fui a un cumpleaños, y estando dentro del local, me doy cuenta de que la dinámica de funcionamiento me genera dudas, que funcione una discoteca. Pregunto a la persona a cargo qué patente tenían, frente a lo cual se ponen muy nerviosos, y luego del nerviosismo pasan a la agresividad para sacarme del local. Me expulsan y llamo a fiscalización. Hacen la fiscalización, y es el Concejo, en razón de sus facultades, quien determina. Ellos funcionan sin la patente correspondiente. Jamás he molestado a nadie, eso es absolutamente falso y no corresponde a la verdad de los hechos. El no tener la patente hacía pertinente infraccionarlos y no renovarles la patente de alcoholes, dado que estaban haciendo un mal uso de ellas”, dijo a este medio.
Ambas partes dicen tener registros audiovisuales de lo sucedido. Fuentes relacionadas con la Municipalidad de Vitacura indican que la zonificación no permite discoteque, que es como estaba funcionando el recinto -que es distinto a ser un bar, restaurant o cabaret-, sin mesas ni garzones y cocina cerrada. Y que no es efectivo lo que se sostuvo en el recurso de protección, en orden a que no existió informe de la Junta de Vecinos, previo a la decisión.
Dicen que éste sí existió, y que si bien este documento no tenía reparos al Bar La Virgen, dicho informe no es vinculante, sino que sólo debe existir, lo que sí estaba cumplido al momento de la decisión del Concejo.
Al cierre de este artículo, la Corte de Apelaciones había declarado inadmisible el recurso, señalando que no era la “vía idónea”, pero Schiavoni ingresó una reposición y apelación.
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