Bering, por el estrecho, se llama el nuevo bufete de abogados que debutó el 2 de mayo, y entre cuyos fundadores están Ricardo Riesco Eyzaguirre, ex titular de la Fiscalía Nacional Económica (FNE); el también ex FNE, Sebastián Castro, ex líder de la división de Estudios de Mercado del organismo; y la economista Camila Carrasco Donoso, quien trabajó en Econsult, luego en el ministerio de Economía de ambos gobiernos de Sebastián Piñera, así como en el de la administración de Gabriel Boric, con Nicolás Grau en la cartera, a cargo de la división de Competencia y Mejora Regulatoria.
Eso, hasta hace una semana, cuando decidió migrar a este bufete. El equipo lo completan tres abogadas asociadas: Antonia Rodríguez Cano, Valeria Pérez y Laura Costabal. Instalados en un edificio en Candelaria Goyenechea, Ricardo Riesco explica el porqué del nombre: “Que nuestra oficina sea como un puente, entre lo público y lo privado; entre el derecho y la economía. Un puente tal como lo fue en su minuto para la humanidad ese estrecho”.
Riesco explica que tuvo acercamientos con varios estudios tras dejar de ser fiscal, pero que al final, conversando con Sebastián Castro, quisieron dar el vamos a un proyecto propio, dado que con la experiencia de ambos veían que la asesoría a los clientes en el mundo privado estaba “un poco coja”.
En el corto tiempo que llevan ya tienen seis clientes, dos de los cuales fueron presentados por el actual titular de la FNE, Jorge Grunberg, quien llevaba esas causas: dLocal, el unicornio uruguayo que está demandando a Visa y a MasterCard, y McParking, que está en litigio con el aeropuerto. El objetivo del estudio es enfocarse en libre competencia, resguardando por cierto las inhabilidades que le caben al exfiscal.
“En los casos que yo abrí, estoy inhabilitado para siempre, y en los cuales participé y que no hayan terminado”, especifica Riesco.
También verán resolución de conflictos, litigios en general -civiles y arbitrajes-, regulación y políticas públicas económicas y compliance. Un área que inevitablemente se relaciona con la coyuntura, por la controversia que se abrió con la nueva Ley de Delitos Económicos, con el empresariado advirtiendo que la normativa va a matar el emprendimiento, y el gobierno y parlamentarios buscando que se castiguen los llamados delitos “de cuello y corbata”.
¿Su visión al respecto? “Se tramitó durante dos o tres años esta ley. Llama un poco la atención por qué tan tarde entran en el debate”, analiza Riesco. Sebastián Castro añade que no son expertos en materia penal, pero que en su experiencia en Estudios de Mercado, veían que “para enfrentar debates regulatorios las empresas en general no estaban bien paradas”.
Y un ejemplo puede ser lo de la CPC, “entrando en el tercer tiempo a opinar, después del partido”, expone. “Vemos a nivel general país que la empresa está llegando tarde a las discusiones”, reafirma Riesco.
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