Tal como lo adelantó DF MAS hace un mes, seis exfuncionarios de la División Jurídica del Ministerio del Interior presentaron esta semana una demanda contra el CDE -encabezado por Juan Antonio Peribonio- por despido injustificado.
Se trata de los abogados Carlos Flores, Sofía Hamilton, Ignacio Manuel Zúñiga, Débora Muñoz, Gabriel Arias y Ramón Ricardo García, quienes fueron desvinculados de aquella cartera en marzo de este año.
Desde inicios de este gobierno el área la encabeza la jurista Camila Barros (en la foto), a quien los demandantes responsabilizan de la decisión.
La denuncia “de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, declaración de relación laboral, nulidad del despido y cobro de prestaciones”, es patrocinada por el abogado Pablo Manouvrier.
El escrito señala que decidieron realizarla “por la vulneración de derechos fundamentales producida con ocasión de nuestros despidos, los que se evidencian discriminatorios por razones políticas y lesivos de la libertad de trabajo, anunciada consecuencia de las críticas a la estrategia judicial que ejecutara el equipo de abogados del Área Judicial de la División Jurídica de la Subsecretaría del Interior, bajo la dirección del Gobierno anterior, para la persecución penal de delitos vinculados con el estallido social y el conflicto mapuche, por parte de quienes son hoy las nuevas autoridades, las que decidieron, sin expresión de motivos y a días de su arribo, remover a la mitad de sus integrantes”.
Una de las primeras tareas que ejecutaron -por orden de Barros-, el 11 de marzo, fue analizar todas las causas asociadas al estallido social donde el gobierno fuera querellante invocando la Ley de Seguridad del Estado. Tras ello, retiraron 139 de estas acciones judiciales.
Manouvrier -socio del estudio Huerta Manouvrier Merhe & Cabello- dijo a DF MAS que la causa está en proceso de notificación, y que la audiencia está fijada para el 14 de julio.
Asegura que sus clientes no buscan que se les reincorpore en su empleo anterior, sino que se les indemnice. El monto puede variar, pero va entre 6 y 11 remuneraciones. “La idea es sincerar eso, que hubo discriminación política a estos seis profesionales”, sostiene.
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