A fines de marzo cerca de siete abogados de la División -de un total de 22- fueron llamados, uno a uno, a la oficina de la entonces nueva directora de la repartición, Camila Barros (37).
La jurista -quien asumió el cargo el 11 de marzo- les explicó que se iniciaría un proceso de reformulación en aquella sección que depende del ministerio liderado por Izkia Siches, por lo que su trabajo terminaba esa jornada. La decisión no cayó bien en los abogados, y en los pasillos del piso 7 de Teatinos 92 se rumoreaba: “Están descabezando la dirección del equipo”.
“Es normal que haya despidos para los cambios de gobierno, pero en este lugar el trabajo es técnico y hay profesionales que vienen desde el gobierno de Ricardo Lagos”, explican quienes conocen el episodio.
Uno de los desvinculados fue Carlos Flores, quien llegó a la División Jurídica en 2004 y fue ascendiendo hasta asumir como coordinador de Área Judicial. La responsabilidad de su puesto implica presentar y hacer seguimiento de todas las querellas en que el Ministerio del Interior se haga parte. Por lo mismo, añade una persona que está al tanto de la situación, no debiera extrañar la decisión de Barros.
“Flores para este gobierno encarna las querellas del estallido social, un tema sensible para esta administración”, dice esa misma fuente. Hay que recordar que los profesionales de la Dirección Jurídica de Interior fueron de los equipos de la era Boric que asumieron una misión inmediata: analizar todas las causas asociadas al estallido social donde el gobierno fuera querellante invocando la Ley de Seguridad del Estado. Se retiraron entonces 139 de estas acciones judiciales.
Por estos días seis abogados preparan una demanda por despido injustificado, proceso legal en el que están siendo acompañados por el letrado Pablo Manouvrier. El plan, según información a la que accedió DF MAS, es presentar el escrito durante las próximas semanas.
Flanco Meiggs
Esta semana la división ha vuelto a ser comentario de la opinión pública y de expertos en derecho, luego de que el abogado de la periodista Francisca Sandoval, quien fue víctima de un balazo en el Barrio Meiggs, manifestara su rechazo contra la decisión de la Fiscalía y el Ministerio Público tras no solicitar prisión preventiva contra los imputados por el incidente que mantiene a la joven en riesgo vital.
La División Jurídica de Interior, que en otras oportunidades difería del Ministerio Público,y en situaciones como esta pedía aquella medida cautelar, esta vez decidió no hacerlo.
De Interior explican que finalmente ellos no eran los autores que le dispararon a la joven, que el presunto autor cayó detenido al día siguiente y que está en prisión preventiva.
Las abogadas a cargo del área
Camila Barros y Javiera Corvalán.
Junto a Camilia Barros trabaja la abogada penalista de la Universidad de Chile Javiera Corvalán (29). Antes de aterrizar en la División Jurídica trabajaba como asesora legal del gabinete de Izkia Siches, hasta que Barros la reclutó en su equipo.
Entonces hubo críticas: se estaba enrocando un equipo encabezado por alguien con trayectoria, como Flores, por abogadas con menos ejercicio. Los comentarios cayeron mal en el entorno de Barros y Corvalán.
Desde su círculo destacan que la primera tiene experiencia en este trabajo (fue parte del equipo durante Bachelet II y Piñera II), mientras que la segunda, tuvo buena evaluación en su paso por el sector privado, donde trabajó junto a los penalistas Antonio Bascuñán y Miguel Schürmann, en el estudio BACS, donde ambos son socios. Algunos de los casos en los que ahí colaboró, fueron La Polar y un plagio en Discovery.
Fueron precisamente los abogados de BACS quienes la recomendaron en Interior: sabían que ahí buscaban una penalista joven y afín al gobierno (ni Barros ni Corvalán militan en partidos ni han tenido actividad política en el pasado, aclaran quienes las conocen).
Además, Corvalán era de la Chile (hizo un intercambio en la Universidad de Humboldt, Berlín, en 2016), al igual que muchos asesores del gobierno, entre ellos Javiera Cabello, jefa de gabinete del Ministerio de la Mujer; Cristóbal Valenzuela, asesor del gabinete de Siches; Gabriel Ossandón, asesor de Subdere; y el mismo presidente Boric, entre otros.
“Se critica que Javiera reemplazó a Flores, el ex coordinador. Y no es así. Ella es asesora, no coordinadora. No hace nada sin preguntar a su jefa”, explican de Interior. Otros dicen: “El cargo es una cosa, la práctica, otra. En las funciones, ella hoy hace lo mismo que Flores antes”.
Por su parte, Barros (abogada UDP) llegó al gobierno recomendada por Cynthia Martinic, abogada que asumió en un principio como asesora jurídica de Siches, pero que esta semana pasó al equipo de Giorgio Jackson en Segpres (habrían existido diferencias con el equipo de la ministra del Interior). Martinic y Barros coincidieron en esa división durante el gobierno de Bachelet.
Barros se mantuvo en el puesto en la administración de Piñera, hasta que fue despedida a fines de 2019 por Carlos Flores.
Aquí hay dos versiones: desde su entorno dicen que no se sintió cómoda con el actuar tras el estallido social (la causa de Roberto Campos, profesor del torniquete del Metro, la patrocinó ella), mientras que abogados que trabajaron con ella ese tiempo señalan que presentó licencias médicas continuas “poco justificadas, en épocas que el país se estaba incendiando y necesitaba al equipo reaccionando contra la delincuencia”.
“Esa profesional, con esa reacción del 18-O, está a la cabeza de la División que vela por la seguridad de los chilenos”, dicen los críticos. Junto a ellas trabaja, a la cabeza del equipo administrativo, Ignacio García.
Sello feminista
Las abogadas Barros y Corvalán han dicho a su equipo estar conscientes de las críticas que han despertado. A su parecer -han comentado a quienes la conocen- éstas están asociadas su juventud y porque son mujeres.
De todas formas, ellas sostienen no haber cometido errores, y que las decisiones cuestionadas -como el caso Meiggs- son discusiones técnicas en las que cuentan con respaldo de connotados penalistas (Carlos Gajardo defendió su actuar en Twitter).
“No es llegar y pedir prisión preventiva. También hay un tema de Derechos Humanos que este gobierno quiere ejemplificar”, señala alguien que las conoce.
Otro jurista agrega: “Aquí, más allá de lo técnico, había que dar una señal política importante”. Con todo, las abogadas no pretenden imponer un sello “garante” con la delincuencia, y están evaluando cómo proceder a futuro en casos legales de este tipo.
Otro de los temas que les preocupa, son los juicios relacionados a las mujeres -ambas trabajaron en asociaciones feministas-: incluyeron en la División Jurídica la revisión de casos de femicidio y trata de mujeres, que antes eran vistos únicamente por el Ministerio de la Mujer, y ahora se trabajarán conjuntamente.
Aquí de nuevo hay dos versiones: los que critican su estilo dicen que aquello significa duplicar funciones con aquella cartera, mientras fuentes de su entorno señalan que las juristas han señalado que no harán nada sin el visto bueno del equipo de la ministra Antonia Orellana, con quien tienen planeado conversar para avanzar en esta línea.
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