Para el miércoles 9 de diciembre está convocada la Sala de la Cámara Baja para pronunciarse acerca del futuro político de la ministra de Salud, Carmen Castillo. Sin embargo, no parece que la oposición esté cerca de ganar el punto, sobre todo luego que ayer la comisión rechazó en forma unánime los cuatro capítulos de la acusación y respaldó los argumentos de la defensa para la cuestión previa.
Antes de la votación, los representantes de la oposición que habían participado de la instancia sin ser electos para ello, se retiraron acusando que se les impidió participar activamente en la deliberación.
Por su parte, el presidente de la comisión, diputado Lautaro Carmona (PC), señaló que “yo no confundiría, en cuestiones que son delicadas, el protagonismo proselitista legítimo que ellos quieren marcar, de una forma que llame la atención, con lo que es el rigor del debate que hizo la comisión de analizar en su mérito (la acusación)”.
Si bien la acusación llegará a la Sala de la Cámara con un informe negativo, la oposición aún tendría una oportunidad de salvarla si tuviera los votos para rechazar la cuestión previa y poder pasar al fondo del tema. Aunque si al principio existía la posibilidad de encontrar votos en el oficialismo, con el paso de los días esa idea se ha ido diluyendo.
Como era de esperar, para la oposición, a la salida de la sesión de ayer, Carmona descartó la acusación contra Castillo: “Un buen vehículo para marcar el punto en el tema de salud en cuestiones que yo incluso podría estar de acuerdo, no amerita una acusación constitucional”.
Ello, porque estima que usar este mecanismo es un asunto muy serio como para marcar un punto político, ya que “tiene consecuencias, para la persona acusada, que le limitan la vida en cinco años”.
Carmona destacó que durante el trabajo de la comisión asistieron expertos de ambos bloques políticos y con una alta presencia de invitados, entre los que fueron considerados los propuestos por la oposición. Pero subrayó que para que una acusación constitucional tenga piso deber “tener rigor de falta constitucional”, lo que no existiría en este caso.
A partir de ahora, el secretario de la comisión deberá elaborar el informe para que se pueda presentar en la sesión del miércoles 9 de diciembre.
Por su parte, otro de los integrantes, el diputado socialista Leonardo Soto, explicó que la comisión llegó a la convicción de que “la acusación constitucional tiene defectos, ineptitud y tiene desprolijidades que afectan gravemente a su integridad. Y, por lo tanto, no merece ser considerada una acusación constitucional. Tiene defectos de forma y de fondo preliminares que acarrean su ineptitud completa como acusación Constitucional”.
Por lo pronto, la ministra ha recibido reiteradas muestras de respaldo tanto del mundo parlamentario de la Nueva Mayoría como del gobierno.
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