El 12 de marzo pasado, el Servicio de Impuestos Internos (SII) envió una señal al sector privado. En el marco del estallido de dos de los casos emblemáticos de financiamiento irregular de la política, que involucraban a las compañías Penta y SQM, el entonces director del SII, Michel Jorratt, anunció el inicio de un plan "especial" de auditorías por figuras de evasión "similares" a las investigadas, como la emisión de boletas ideológicamente falsas, entre otros ilícitos.
En dicha oportunidad, anunció que 200 contribuyentes serían citados al organismo para revisar sus declaraciones del año tributario 2014 y ver los pasos a seguir en materia de fiscalización, dándoles la posibilidad de rectificar dichos documentos.
Tiempo después, pasaron los hechos ya conocidos: el 18 de mayo Jorratt salió de la jefatura del organismo tras una fuerte polémica con el subdirector jurídico de la época, Cristián Vargas, ad portas de la querella contra el recaudador de la Nueva Mayoría, Giorgio Martelli, y con varias querellas ya presentadas contra la minera no metálica. Tres meses más tarde, el ingeniero civil Fernando Barraza asumía la jefatura del fiscalizador tributario.
¿Significó esto la suspensión del plan especial de fiscalización lanzado en marzo? No. Así, por lo menos, lo revela un oficio del organismo fiscalizador, al cual tuvo acceso Diario Financiero.
En el escrito, el hoy subdirector jurídico del SII, Bernardo Lara, informa que el plan contempló a 200 contribuyentes empresas (personas jurídicas), de las cuales apenas 9 rectificaron sus declaraciones del formulario 22 correspondientes al año tributario 2014, mientras que 85 contribuyentes "no pudieron ser contactados" por el servicio, casi la mitad de los citados.
El directivo informó que la información de dichas empresas están siendo derivadas a las respectivas direcciones regionales para la revisión de otros períodos impositivos, ampliando a los años tributarios 2013 y 2015 la información solicitada "tanto a nivel empresa y socios".
Las fechas son relevantes en este contexto, dado que en el marco de las investigaciones del SII y el Ministerio Público por los aportes irregulares a la política, se ha descubierto que varios documentos ideológicamente falsos fueron emitidos para financiar gastos de campaña para las presidenciales y parlamentarias de 2013.
Impacto público
En el oficio firmado por Lara, Impuestos Internos señala que "encontrándose actualmente en desarrollo las acciones de fiscalización" por parte del servicio, se carece "en este momento" de información sobre los contribuyentes multados o susceptibles de ser sancionados por determinadas infracciones tributarias.
Asimismo, el SII negó el acceso a la nómina de los 200 contribuyentes requeridos por el organismo fiscalizador, argumentando que "el solo hecho de la inclusión de los mismos en un listado podría ser erróneamente percibida por la opinión pública como indiciaria de un comportamiento tributario anómalo o irregular, lo que constituiría una fuente de sospecha o descrédito en el concepto que sobre ellos existe en el mercado, afectando sus derechos comerciales y económicos".
El servicio se excusó en los causales del derecho de reserva tributaria del número 2 del artículo 21 de la Ley 20.285.
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