Pugna MEO - Guillier y apoyos para segunda vuelta marcan debate de AnatelE

El duro round entre la carta de los partidos progresistas de la Nueva Mayoría, senador Alejandro Guillier y el líder del PRO, Marco Enríquez Ominami, marcó el último cara a cara que sostuvieron los ocho candidatos presidenciales a 12 días de los comicios del próximo domingo 19 de noviembre, durante el debate organizado por Anatel.

Aún no habían transcurrido 10 minutos del foro cuando el tres veces abanderado presidencial abrió los fuegos contra el representante del PS-PPD-PR y PC, a partir de la consulta sobre cómo haría para darle su apoyo a Guillier si pasa a la segunda vuelta, cuando también ha dicho que el senador “no es confiable y que tendría lazos con el narcotrafico”.

Ante ello si bien Enríquez Ominami reconoció que “estaré en la casa de la unidad si no soy elegido”, aprovechó de señalar que la candidatura de Guillier estaría inhabilitada por no responder de manera adecuada por sus supuestos vínculos con el narcotráfico, a raíz de las firmas de apoyo que consiguió del alcalde de San Ramón , Miguel Angel Aguilera, ligado al narcotráfico.

En la misma línea, le enrostró la supuesta amenaza de muerte que le atribuyó a un asesor del candidato oficialista, aludiendo a los dichos del diputado Fernando Meza (PR) quien habría señalado que “si el papá de Marco estuviera le metería un tiro por traidor”.

La replica por parte del senador por Antofagasta no se hizo esperar y aclaró que “las contradicciones revelan que no está seguro de lo que está diciendo y es un slogan de campaña. Yo haré todo lo necesario para tener la unidad en el sector que es el 19 de noviembre. Si él quiere convocarse y venir será bien recibido pero si él no quiere no necesita inventarme crímenes, porque no soy un criminal”.

No conforme con esa respuesta y cuando los candidatos eran interpelados por el tema de la seguridad, MEO volvió a arremeter en contra del senador pidiéndole explicaciones por la amenaza del parlamentario radical y exigiéndole que lo sacara del comando, a lo que Guillier respondió: “No he mandado a matar a nadie y menos a Marco, al que le tengo afecto a pesar del trato que me da habitualmente”.

Y agregó “una metida de pata de un parlamentario se aclara como corresponde y no se magnifica ni se transforma en tema de una campaña presidencial, asumamos con coraje que nuestra responsabilidad es hablarle al país y no estar jugando a la víctima”.

Requerido por si lo sacará del comando, Guillier se limitó a señalar que se habian acabado el tiempo para al recordársele que le quedaban unos segundos, añadió “mejor silencio ante la tontera”.

A la hora de las propuestas, una de las consultas recurrentes fue conocer cuál de todos programas evaluados de manera deficiente por la Dipres eliminaría el expresidente Piñera para recaudar los US$ 7.000 millones que dijo buscará para financiar la mitad de su programa de gobierno.

Ante ello el exmandatario explicó que “eso es por un periodo de 4 años, eso significa US$1.750 millones por año, que es el 2,5% del gasto total. En los ultimos 4 años el gasto público ha crecido mas del 20% y por tanto hemos identificado que sí podemos reasignar con un esfuerzo de auteridad y eficiencia un 2,5% del gasto anual como lo hicimos en nuestro primer gobierno”.

Consultado también el exmandatario por si le parecía que el ex fiscal Alejandro Peña quien lo asesoró en su gobierno en temas de seguridad estuviera en la actualidad defendiendo a narcotraficantes, Piñera que “no debiera hacerlo habiendo sido fiscal”.

Y mientras MEO acusó a Piñera de “faltar a la verdad” en materia de delincuencia porque en su gobierno se había producido un peak en este tema, el también candidato Alejandro Navarro apuntó al subsecretario Mahmud Aleuy quien dijo que “debió haber seguido con vacaciones y de manera e indefinidas”.

En otros temas ya conocidos, Piñera insistió en que no le quitará la gratuidad a los estudiantes que ya la tienen y Guillier recordó que profundizará esta política implementada por el gobierno de Michelle Bachelet, además que asumirá la deuda que mantienen los morosos del CAE.