Uno de los grandes debates que se generaron en el marco del escándalo del financiamiento irregular de la política fue hasta qué punto el Servicio de Impuestos Internos (SII) actuaba con criterios "arbitrarios" en el marco de la presentación de las querellas por el delito de boletas ideológicamente falsas en los casos Penta y SQM. Esto, considerando que abogados como el ex director del organismo, Ricardo Escobar, planteaban que dichas figuras eran meras "faltas" administrativas y no delitos que requirieran el máximo instrumento de persecución penal.
Y con el paso del tiempo y tras la salida del hasta mayo director del SII, Michel Jorratt, al parecer el fiscalizador tributario estaría sincerando un poco su actuación en esta materia. En un oficio de respuesta a una consulta del Consejo para la Transparencia (CPLT) -al cual Diario Financiero tuvo acceso-, el SII reconoció que "no dispone" de estudios que precisen si la emisión de boletas ideológicamente falsas ameritan o no una querella.
Esto, en el marco de una solicitud de uno de los abogados del ex senador UDI Jovino Novoa, Francisco Cox, para que el SII diera acceso al número de casos identificados que el organismo estaba persiguiendo por emisión de boletas ideológicamente falsas.
En uno de los puntos, Cox solicitó el 13 de mayo a la institución fiscalizadora información sobre el número de casos de presuntas boletas ideológicamente falsas identificadas a lo largo del país en las que el SII ha presentado querellas por el delito del artículo 64 de la ley de Impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones.
Tras recibir la negativa del servicio, Cox solicitó un amparo al CPLT, el cual requirió al SII entregar mayor información. Sobre este punto, el organismo liderado en ese momento por Juan Alberto Rojas señaló el 15 de julio que "no posee un estudio" respecto al número de casos perseguidos por boletas falsas en el país, puesto que ello "importaría identificar los delitos no por su tipo penal, sino que por su medio de ejecución, lo que no ha efectuado".
Dicho esto, en la respuesta de la entidad sobre las querellas, señala que del texto del artículo 64 de la citada ley "no aparece que aquella disposición exija la presencia de boletas ideológicamente falsas para satisfacer el tipo penal (la querella), por lo que aún cuando el uso malicioso de boletas ideológicamente falsas para burlar el impuesto pueda configurar el tipo penal, ello es una cuestión de hecho y casuística para la cual el servicio no dispone de un estudio que lo precise".
Este punto es relevante, ya que por primera vez el SII reconocería falta de argumentos técnicos para justificar las querellas en el caso puntual de las boletas falsas.
De hecho, este punto ha sido una de las principales preocupaciones del servicio en la era post Jorratt.
Ejemplo de esto es que a fines de junio el organismo emitió el oficio circular número 10 que fija los nuevos estándares para ejercer la acción penal en casos de delitos tributarios. Así, se creó un comité compuesto por los subdirectores del servicio, quienes definirán los criterios para la presentación de querellas, el establecimiento de los estándares de proporcionalidad del perjuicio fiscal y dejará en el director del SII la discrecionalidad de presentar el recurso penal.
En entrevista con DF el lunes pasado, el actual director de Impuestos Internos, Fernando Barraza, señaló que las acciones penales del servicio serían "excepcionales" y argumentó que es "irresponsable querellarse al voleo", sin identificar nominalmente a los contribuyentes. "El SII no persigue específicamente los ilícitos relacionados al financiamiento irregular de la política", dijo.
Solicitud de información
Ante la solicitud de Cox y luego de una serie de intercambio de oficios entre ambas entidades, el CPLT solicitó al SII el 27 de octubre pasado entregar la información del número de empresas y personas naturales que han rectificado voluntariamente sus declaraciones de impuestos luego del llamado a autodenunciarse que realizó Jorratt el 12 de marzo; el número de personas naturales y jurídicas que rectificaron sus declaraciones o se autodenunciaron dentro del plazo señalado por Jorratt y contra los cuales el servicio se querelló por delitos tributarios, entre otras informaciones. Todo para el período comprendido entre el 12 de marzo y el 13 de mayo de este año.
La entidad tiene 20 días hábiles para responder el requerimiento, por lo que el plazo está pronto a vencer.
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