El 73,5% de la población migrante en Chile está en edad laboral activa y la mayoría de los extranjeros llega en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo. Sin embargo, los casos de discriminación y vulnerabilidad en el país no son aislados, con extensos horarios y ausencia de contratos, por ejemplo.
En este escenario, el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica publicó un estudio con una serie de propuestas para contribuir al ejercicio de los derechos laborales de los migrantes en Chile, a cargo del académico Rodrigo Azócar.
El documento plantea que para que los trabajadores extranjeros gocen de sus derechos laborales no basta con una nueva legislación migratoria o el diseño de una nueva institucionalidad, sino que además se requiere avanzar en aspectos específicos.
1 Más y mejores estudios y estadísticas sobre migración laboral
Para Azócar, es fundamental que las entidades estatales, como ministerios y otros servicios, incorporen registros e indicadores que se refieran particularmente al ámbito migratorio. Un primer paso sería el Registro Nacional de Extranjeros que está incluido en el proyecto del gobierno. Sin embargo, el abogado insiste en que “resultaría fundamental la existencia de conexión e intercambio de información entre distintas entidades”, con un posterior análisis que debería ser compartido con la ciudadanía.
Para el académico es fundamental, además, que se tenga en cuenta la informalidad laboral y migratoria en los registros “que usualmente no se toma en cuenta en los datos oficiales”.
2 Información sobre derechos y deberes
“Es un hecho que el acceso de los trabajadores extranjeros al contenido de sus derechos y deberes es insuficiente”, plantea el académico. Para solucionar esta deficiencia, propone que la información en materia migratoria y laboral sea accesible y oportuna para los extranjeros, en distintos idiomas y formatos y que se divulgen de manera activa.
El Consejo de Política Migratoria o un organismo similar debería velar por su cumplimiento, con la participación de otros servicios públicos como la Departamento de Extranjería, la Dirección del Trabajo (DT), consulados y organizaciones de la sociedad civil que colaboren con el Estado en la materia.
3 Asesoría e información a empleadores
Si la falta de información laboral para los trabajadores inmigrantes es evidente, la situación no mejora mucho en el caso de los empleadores, en lo que a regulación y exigencias para contratar personas extranjeras se refiere. Por lo mismo, también es necesario que el Estado les entregue información clara y precisa en la materia.
“Sería un gran avance que pudieran contar con asesoría especializada para resolver conflictos y aclarar dudas”, dice Azócar. Con la figura actual, la labor debería estar a cargo del Departamento de Extranjería, la DT y organizaciones gubernamentales relacionadas con los empleadores, como Sercotec y Corfo, además de organizaciones de empleadores.
4 Incorporar la migración laboral en el mundo sindical
A juicio del abogado, las organizaciones sindicales no han tenido presencia en las demandas, reclamos o medidas concretas relacionadas con el trabajo de las personas extranjeras y, por tratarse de una materia propia del mundo del trabajo, se debería asumir como una temática sindical e incorporarla dentro de los planes de acción de estas organizaciones, al igual que en los programas y contenidos de las Escuelas Sindicales, que se realizan bajo el alero del Ministerio del Trabajo y la DT.
En la misma línea, Azócar cree que sería conveniente promover la sindicalización de los trabajadores migrantes. Todo esto debería ir acompañado de programas y campañas de sensibilización orientado a dirigentes sindicales y a los trabajadores nacionales.
5 Mayor fiscalización y acceso de los migrantes a la Dirección del Trabajo y Tribunales
La fiscalización y cumplimiento de las normas que rigen el trabajo de las personas extranjeras es otra área que se debe mejorar de acuerdo al informe, para lo cual tanto el Departamento de Extranjería como la DT debería incorporar a sus procedimientos generales de inspección elementos que permitan detectar fallas o incumplimientos por parte de los empleadores, en especial en el caso de los extranjeros que no cuentan con permiso para trabajar.
“Resultará fundamental la comunicación y conexión que puedan alcanzar ambos organismos en especial para compartir información o implementar planes de fiscalización conjunta”, expone el abogado.
Otras recomendaciones son implementar un registro de contratos de trabajo como el que actualmente existe para las trabajadoras de casa particular, y modelos de contrato disponibles en distintos idiomas, capacitar a los inspectores y garantizar que la defensa se garantice en las mismas condiciones que los trabajadores nacionales, para lo cual se deberá contar con traductores e intérpretes, por ejemplo.
El documento aconseja que los trabajadores migrantes puedan exigir libremente el cumplimiento de sus derechos ante los organismos, procurando disminuir el temor a las represalias por acudir a ellos, es decir, el trabajador que se encuentra en situación irregular no debería arriesgarse a ser sancionado por esta condición a la hora de interponer un reclamo o denuncia ante la Inspección del Trabajo.
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