En los últimos días se ha complicado mucho más la situación de la diputada Catalina Pérez, suspendida de su partido, Revolución Democrática (RD). Ello, tanto por un informe de la PDI que la involucra en un posible de tráfico de influencias, como porque, según trascendió en diversos medios, el secretario ejecutivo de la colectividad, Edson Dettoni, declaró ante el Ministerio Público que la parlamentaria oficialista conocía de los convenios suscritos por su entonces pareja, Daniel Andrade, a nombre de la Fundación Democracia Viva, con la seremi de Vivienda de Antofagasta, encabezada en ese momento por Carlos Contreras, todos militantes de RD. Este proceso es seguido con atención por los integrantes de la comisión investigadora de los convenios en la Cámara Baja.
A ello se suma que la Fiscalía pidió levantar el secreto bancario sobre cuatro cuentas de la diputada en cuestión y también de los otros dos involucrados en el caso Democracia Viva.
En este contexto, el presidente de la instancia, diputado de Renovación Nacional (RN) José Miguel Castro, comentó este viernes que su bancada solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que interponga todas las “acciones penales” que se requieran. Junto con ello, señala, que se pidió incluso el desafuero, si se arribara a la convicción de que hay participación de parlamentarios en el caso Democracia Viva y en otras aristas que se abrieron a partir de este.
“La Moneda debe contestar”
Pero además, Castro vuelve a poner el foco en el Ejecutivo, asegurando que “La Moneda debe contestar qué tanto sabía de este caso antes de que estallara. Le pedimos, en especial a las autoridades de Gobierno; y, en especial, al Presidente de la República y, de ahí hacia abajo, que colaboren, por favor, con la investigación”.
Y, en este sentido, insta a no centrarse sólo en Democracia Viva y dejar “lo demás bajo la alfombra”, aludiendo a las varias aristas que se abrieron a partir de este caso en otras regiones del país. Cabe mencionar que incluso una de ellas provocó la salida de la exembajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera.
Castro recalcó que en el caso particular de la diputada Catalina Pérez “creemos que debiera presentarse voluntariamente a declarar”.
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