La comisión investigadora de la Cámara, encabezada por el diputado opositor José Miguel Castro (RN) no cesa en su intención de hacer que comparezca ante la instancia el exsubsecretario de Desarrollo Regional y actual jefe de asesores del segundo piso del Gobierno, Miguel Crispi. Este ha eludido hacerlo ya en dos ocasiones anteriores, generando no sólo una mayor presión de parte de los legisladores de oposición, sino también la molestia por los efectos de su actitud desde un sector del oficialismo. Y, adicionalmente, la oposición logró involucrar en el tira y afloja a la Cámara de Diputados como institución en un gallito con el Gobierno.
Si bien, en el contexto de la segunda citación, Crispi envió una carta a la comisión explicado cual fue su rol, en calidad de subdere, en el visado de algunos traspasos de recursos a determinadas fundaciones; en la instancia escalaron la situación pues –según subrayó Castro– el jefe de asesores debía asistir de manera presencial para responder las preguntas de los diputados y en el rol del cargo que ejerce en la actualidad. El parlamentario opositor concluyó que su comparecencia es obligatoria, luego que el contralor Jorge Bermúdez señalara que es lo que corresponde.
De modo que, en lo que se ha convertido en una larga telenovela, finalmente se citó a Crispi en una tercera oportunidad, en calidad de funcionario público, para la sesión del 6 de noviembre. Ello, tras un debate de poco más de una hora, donde los integrantes de la comisión expresaron sus definiciones acerca del tema.
Presión sobre el presidente de la Cámara
Pero, además, las bancadas de Chile Vamos y republicanos solicitaron a la mesa de la Cámara que se pronuncie acerca de la actitud del jefe de asesores respecto de la facultad fiscalizadora de la Cámara, a través de las comisiones investigadoras, y que las defienda ante el Ejecutivo. En este escenario, el presidente de la Corporación, Ricardo Cifuentes (DC), remitió un oficio al Presidente de la República en el que le hace presente su postura frente a las reiteradas inasistencias de Crispi a la comisión investigadora. Y sobre las declaraciones que algunas autoridades de Gobierno ha hecho al efecto.
En el texto, Cifuentes señala que “es nuestro deber reafirmar que las comisiones especiales investigadoras son creadas por acuerdo de la Cámara de Diputadas y Diputados en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, conforme a lo dispuestos en el artículo 52, número 1, letra c, de la Constitución Política de la República, atribuciones que deben ser ejercidas con plena independencia de otros poderes del Estado”.
Acto seguido, añade que “es nuestro deber precisar que las declaraciones vertidas por distintas autoridades de Gobierno, en relación a la situación descrita (…), las entendemos como propias a interpretaciones jurídicas, que en caso alguno pueden menoscabar la independencia de este poder del Estado”.
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