Durante el fin de semana comenzó a tomar fuerza la idea, promovida por representantes de oposición, de que el gobierno debiera retirar la reforma constitucional en materia de seguridad del Congreso Nacional, puesto que no encontró respaldo unánime ni en su sector, donde incluso en el gabinete no existe una mirada de respaldo a la polémica propuesta del Ejecutivo para enfrentar el crimen organizado, narcotráfico y el terrorismo.
Este tema fue abordado en la ya tradicional reunión de la oposición. Tras lo cual algunos de los representantes que concurrieron a la cita, expresaron el acuerdo del sector en torno a que el Ejecutivo debiera optar por retirar la reforma de tramitación.
De hecho, tras la cita, el presidente del PPD, diputado Raúl Soto, exigió al gobierno que retire la reforma: “No basta con la señal de retirar la urgencia; sería una señal mucho más clara y contundente que el gobierno, derechamente, retire la reforma constitucional, la replantee y haga un trabajo prelegislativo, para consensuar algo que sea efectivo en seguridad, pero tomando los resguardos democráticos que exige el Estado de derecho de nuestro país”, planteó.
Disposición a legislar seguridad
Soto reiteró lo que muchos de sus pares del sector ya han señalado y es que el problema “no es la disposición a legislar” en materia de seguridad, sino “la concentración excesiva de facultades en el Presidente de la República, sin control del Congreso, restándole atribuciones al Poder Judicial y debilitando al Tribunal Constitucional”.
Y advirtió que como lo está haciendo el Ejecutivo con esta reforma “es la forma moderna en que mueren las democracias, se van debilitando de a poco, eliminando los contrapesos políticos y debilitando la separación de los poderes del Estado”.
En la misma línea crítica se expresó el timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, quien también se refirió a lo conversado en la cita de este lunes: “Tenemos una opinión de que la idea de reforma constitucional vinculada a los temas de seguridad no da lugar”, por lo que “debe ser retirada”, enfatizó el dirigente que añadió que ello debiera ocurrir, sin perjuicio del debate para fortalecer, en lo que sea necesario las políticas públicas en seguridad.