Aunque ya dejó su cargo como embajadora de Chile ante el Reino Unido, Susana Herrera sigue generando polémica por su actuación no ajustada a los cánones de un funcionario diplomático, al gestionar un proyecto con el Gobierno Regional del Biobío sin consultar a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y su renuncia al cargo, lejos de terminar con la polémica la está profundizando.
De hecho, tal como lo anunciaron este martes, los senadores Iván Moreira (UD) y Rojo Edwards (Partido Republicano) y el diputado gremialista Jorge Alessandri presentaron este miércoles una denuncia por tráfico de influencias en contra de Herrera, ante la Fiscalía.
Tras realizar el trámite, Moreira afirmó que el martes, el canciller Alberto van Klaveren le informó a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta que “se había iniciado un sumario administrativo en contra de la exembajadora de Chile en el Reino Unido” y añadió que con la denuncia presentada ante la Fiscalía se pretende que la justicia determine si el tráfico de influencias del que acusan a la exfuncionaria “constituye un delito”.
El senador opositor señaló que con esta medida pretenden que se aclare a quién pidió los recursos Herrera mal utilizando su cargo de embajadora, al solicitar que se privilegiara la entrega de US$ 7 millones para un proyecto en el que ella había participado antes de ser embajadora.
Indagaciones
Por su parte, el diputado Alessandri recalcó que la exembajadora usó su cargo para influir en otro funcionario público, “ese es un delito que está tipificado y se llama tráfico de influencias” y que ante eso quieren que el Ministerio Público investigue, porque “aunque, no haya sido transferida la plata el sólo hecho de mandar la carta, pidiendo los recursos es tráfico de influencias” y pese a que Herrera no está en su cargo, advirtió que “vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”.
Porque, además, quieren saber si en otras embajadas de nombramiento político se ha incurrido en una acción similar a la de Herrera, para lo que consultarán a cada uno si lo ha hecho, para descartar que esto pudiera ser “una hebra más del caso convenios”. Y espera que entre sus indagaciones, el Ministerio Público pida levantar los correos electrónicos de Herrera e incluso “levantar el secreto bancario, ver si hay otras transferencias que se lograron antes de que lo descubriéramos. Ver si la fundación para la cual pedía recursos todavía tiene relación con ella o con su cónyuge”.
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