A menos de un mes de una nueva conmemoración del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y con los ánimos cada vez más caldeados en el Congreso, con un ambiente de polarización pocas veces visto, la Cámara de Diputadas y Diputados ha traído a colación el acuerdo de esta Corporación sobre el “Grave Quebrantamiento del Orden Constitucional y Legal de la República”, del 22 de agosto de 1973, que este martes cumple 50 años. LO que generó un fuerte cruce de recriminaciones, especialmente, entre representantes de Apruebo Dignidad y la oposición.
En este contexto, los representantes de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), Evolución Política (Evópoli) y el Partido Republicano, solicitaron al inicio de la sesión de este martes, que fuera leída la citada declaración. Para lo cual se debió votar, imponiéndose la postura de que el texto fuera leído, por 50 votos a favor y 42 en contra.
Suspensión de la sesión recién iniciada de por medio, llamados al orden y censuras a varios diputados del oficialismo, quienes portaban carteles en contra del documento, fue leída la declaración de la oposición en la que replican los acuerdos de la Cámara en 1973, en medio de manifestaciones en contra.
Acuerdos de la declaración
El texto, suscrito por el entonces presidente de la Cámara Baja, el DC Luis Pareto, y replicado exige “representar a S.E., el Presidente de la República y a los señores ministros del Estado miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidos en los considerandos Nºs 5º a 12 precedentes”; “representarles, asimismo, que, en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores ministros, de la naturaleza de las instituciones a las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos”.
Adicionalmente, el polémico documento plantea “declarar que, si así se hiciere, la presencia de dichos señores ministros en el Gobierno importaría un valioso servicio a la República. En caso contrario, comprometerían gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política y con grave deterioro de su prestigio constitucional”; y, “trasmitir este acuerdo a S.E., el Presidente de la República y a los señores Ministros de Hacienda, Defensa Nacional. Obras Públicas y Transportes y Tierras y Colonización”.
La diputada comunista Lorena Pizarro, una de las sancionadas, argumentó que la lectura de la declaración del '73 es "muy grave" , puesto que constituyó "el preámbulo del golpe" y con ello se estaría, subrayó, avalando el "negacionismo".
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