El tema de las permanentes prórrogas al estado de excepción en la Macrozona Sur se convertirá en un problema para el Ejecutivo debido a que en febrero el Congreso se toma el tradicional receso de verano, por lo que este año se hará especialmente complejo votar las dos extensiones del mecanismo que corresponderían ese mes. Es por ello que La Moneda le puso urgencia de discusión inmediata a la reforma constitucional que ingresó al Parlamento hace algunas semanas y que modifica el sistema de prórrogas sucesivas de un estado de excepción constitucional de emergencia y limita la restricción de la libertad de reunión en estos casos.
La propuesta del Gobierno establece un nuevo plazo de prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia, más amplio que el actual –que dura solo 15 días-, a 45 días con acuerdo del Congreso, pero sólo después de la sexta prórroga consecutiva. Y durante la vigencia de estas prórrogas extendidas, el Ejecutivo mantendrá su deber de informar de las medidas adoptadas durante el estado de excepción, cada quince días, mediante un informe escrito dirigido a ambas cámaras.
Además, se propone incorporar un mecanismo de revisión del acuerdo de prórroga por 45 días, de manera que el Congreso podrá revocar el acuerdo contando con los 4/7 de diputados y senadores en ejercicio.
Finalmente, este nuevo estado de excepción establecía en el mensaje original que en materia de restricción y suspensión de garantías constitucionales, su aplicación solo podrá afectar la libertad ambulatoria o de locomoción y no el derecho de reunión. Sin embargo, este punto fue el que generó más debate en la comisión, puesto que –según explicó el presidente de la instancia, senador Matías Walker- sus integrantes no estuvieron de acuerdo con la propuesta del Gobierno que, a cambio de la amplitud del plazo, proponía un estado de excepción “más liviano, sin afectar el derecho a reunión”.
Postura en la que chocaron las miradas del Ejecutivo y los integrantes de la comisión, por lo que Walker añadió que “lo que decidió la Comisión de Constitución por cinco votos a cero es que no queremos estado de excepción con medias tintas. Si el Presidente pide la facultad al Congreso Nacional, que ejerza la facultad de decretar el estado de excepción con todas las facultades y eso involucra afectar el derecho de movilización, de locomoción, pero también el derecho a reunión si es que fuera necesario”.
Así las cosas, se aprobó la reforma constitucional propuesta por el Gobierno en general y particular en la comisión. Y se puso sobre tabla en la sesión de la Sala de esta misma tarde, donde se aprobó por 33 a favor y uno en contra, despachando la iniciativa a segundo trámite a la Cámara de Diputados.
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