Javier Etcheberry, director (s) del Servicio de Impuestos Internos. Foto: Agencia UNO
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El director (s) del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, dio a conocer este jueves los principales énfasis de la estrategia de fiscalización que desarrollará la institución luego de aprobada la ley de cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.
En conferencia de prensa, junto a los subdirectores de Fiscalización, Carolina Saravia, y Normativo, Simón Ramírez, el ejecutivo señaló que espera que la próxima semana la norma se publique en el Diario Oficial y empiece a regir de forma efectiva. Ante eso, dividió el plan en tres pilares: grandes empresas, evasión e informalidad, y crimen organizado.
La nueva Ley busca recaudar US$ 1.200 millones el año venidero. Se espera que la próxima semana se publique la normativa en el Diario Oficial.
Multijurisdicción, rentas pasivas y operaciones fuera del país
El primer foco considera siete medidas. La primera deriva del fortalecimiento de la Norma General Antielusión (NGA), que se mantendrá en sede judicial pero tendrá foco en las planificaciones tributarias agresivas, haciendo más expedita la notificación y su sanción, dijo Etcheberry.
Un segundo se relaciona con las rentas pasivas, como dividendos, arriendos e intereses que reciben las compañías y personas de alto patrimonio. La norma actual solo incluía rentas pasivas generadas por empresas en el extranjero entre personas relacionadas de manera patrimonial. Ahora, con la Ley se incorporan las relaciones familiares hasta segundo grado de consanguineidad.
En cuanto a los precios de transferencia, que es el valor al que se realizan operaciones entre partes relacionadas en el exterior, lo que modifica la tributación de las mismas; la nueva Ley otorga más atribuciones para impugnar los precios, valores y rentabilidades declarados por los contribuyentes.
La fiscalización de grupos empresariales será la tercera acción que desarrollará el SII, ya que la norma permite un mayor escrutinio, considerando sus características particulares, lo que podrá realizar cualquier dirección regional del país.
En una línea similar se inscribe la multijurisdicción, ya que una dirección regional podrá fiscalizar a un contribuyente de un área geográfica distinta.
También el servicio reforzará el control sobre el IVA exportador, pues la ley establece una nueva causal que permite un procedimiento especial previo de fiscalización para evitar abusos, como empresas que acumulan devoluciones del impuesto con bajos niveles de exportaciones.
La última política será controlar más los términos de giro, ya que se podrá rechazar la solicitud cuando el contribuyente no aporte los antecedentes solicitados.
Inicio de actividades y exención a importaciones
Ocho son las medidas destinadas por el SII a controlar y reducir la informalidad. Aquí, se elimina la exención que beneficiada a las encomiendas por hasta US$ 41 y se incorpora un sistema simplificado de pago de IVA de productos importados de hasta US$ 500, eliminándose los aranceles en este tramo. Etcheberry señaló que con esto se agilizará el despacho de los productos.
También debuta una exigencia de inicio de actividades y cumplimiento de obligaciones tributarias, ya que la administración del Estado, los Gobiernos Regionales y las municipalidades deberán pedirlo a los contribuyentes con los que contraten algún producto o servicio, así como las plataformas digitales.
Las instituciones bancarias deberán entregar información sobre transacciones que involucran más de 50 abonos de personas distintas a un mismo contribuyente, dentro de un mes, o de 100 abonos en seis meses, informando el monto.
Etcheberry, además, reveló que se reforzarán las instrucciones administrativas para evitar la emisión de facturas a empresas por compras de consumo personal en restaurantes y supermercados, reduciendo la base del IVA.
También aumentará la fiscalización en terreno, con medidas preventivas como impedir la emisión de facturas fraudulentas en línea y reactivar el control carretero en el peaje de Angostura.
Crimen organizado
En el combate a las mafias y grupos organizados, el plan contempla seis medidas. La primera es el procedimiento judicial simplificado para el levantamiento del secreto bancario, sin oposición del contribuyente en delitos tributarios. A su vez, se desplegarán acciones para facilitar el uso del denunciante anónimo, que contempla la recompensa equivalente a 10% de las multas, siempre que el monto defraudado supere las UTA 100 ($ 80 millones aproximadamente).
Los vendedores de artículos usados deberán identificar a sus proveedores, a lo que se agrega que las operaciones de compra y venta en efectivo superiores a UF 135 ( unos $ 5 millones) deberá identificar al comprador.
El SII creará una Oficina de Crimen Organizado y fortalecerá el trabajo coordinado con el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado en materia penal.
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