Los cambios tributarios que considera la ley corta de pensiones, aprobada la semana pasada por la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, serán el principal punto de análisis de los legisladores en el trámite de Hacienda. Y así quedó de manifiesto ayer en el inicio de las audiencias para abordar los ajustes a las exenciones y regímenes especiales.
En la cita, los gremios de pequeñas y medianas empresas (PYME), de los contadores y de la empresa de Correos de Chile mostraron sus críticas respecto a los ajustes que considera la propuesta original del Ejecutivo y cómo quedó el texto tras su paso por Trabajo, apuntando principalmente a la nueva tributación del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Quien abrió los fuegos fue el gerente de Estudios de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), Carlos Boada, quien también expuso a nombre de la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios (Fesit).
El abogado criticó que con los cambios al gravamen al consumo, un 95% de la recaudación del proyecto provendría de los gravámenes indirectos (a los consumidores finales), mientras que solo un 5% desde los impuestos directos que, por ejemplo, afectan al patrimonio o a los más altos ingresos.
De hecho, el especialista señaló que gravar con IVA a la totalidad de los servicios, pero exceptuando algunos como la salud, educación, transporte de pasajeros y los desarrollados por personas naturales vía boletas de honorarios, levanta una “luz roja” debido a que no lograría simplificar ni hacer más justo el sistema impositivo.
Una de las críticas es que esto llevaría a que se “acrecentara” la brecha entre el IVA y los impuestos más directos sobre los contribuyentes en la tributación total que recibe el Fisco.
“Dados los múltiples vacíos que tiene esta norma, terminará regulándose administrativamente por el SII una enorme área de la economía”, criticó Boada, advirtiendo que no queda claro, por ejemplo, qué sucederá con el pago de IVA en las sociedades de personas profesionales.
En una línea similar se pronunció el director ejecutivo de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro, quien apuntó a que esto terminará afectando los valores de algunas prestaciones al público, especialmente las entregadas por consultoras a las Pyme.
El impacto en Correos
La sesión también abordó la situación de Correos de Chile, ya que la propuesta original del gobierno eliminaba la exención de IVA que beneficiaba a la empresa en el servicio de encomiendas, manteniéndola únicamente para la entrega de correspondencia.
Y los trabajadores de la estatal arremetieron con todo contra el cambio en el tratamiento del IVA. Por una parte, el presidente del Sindicato Nacional de Coreos, Alan Meza, advirtió que este mayor costo para el giro de la compañía podría generar un impacto financiero de $ 9.000 millones por año, poniendo en entredicho la sostenibilidad financiera de la empresa.
“Esto no permitiría darle sustento al plan de que Correos llegue a la universalidad del servicio de despacho. Somos una empresa con una misión social, que llega donde las compañías privadas no”, dijo Meza, quien pidió a los diputados rechazar esta medida.
Punto que fue reforzado por el presidente de la Federación de Correos de Chile, Juan Riquelme: “La compañía no soportaría el costo de pagar un 19% de IVA por las encomiendas. Por lo mismo, debería mantenerse la exención de IVA para todos sus servicios”, expresó.
En la instancia también expuso el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la U. San Sebastián, Gonzalo Edwards, quien arremetió en contra de los cambios a las tablas de mortalidad que aprobó la comisión de Trabajo para el cálculo de las pensiones.
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