Por estos días, la atención del Ministerio de Hacienda está puesta en la tramitación de la Ley de Presupuestos 2025, que ha sido más compleja de lo esperado. Por ello, todo apunta a que las discrepancias terminarán resolviéndose en una comisión mixta de senadores y diputados, con el plazo perentorio del 29 de noviembre marcado en rojo en el calendario.
Pero una vez superado aquello, no habrá tregua en Teatinos 120, ya que el Ejecutivo deberá abocarse a uno de los compromisos pendientes tras la tramitación del proyecto de cumplimiento tributario: una ley que reforme el impuesto a la renta.
Se reducirá el impuesto de Primera Categoría desde 27% a un rango entre 25% y 23%, y también se recortará la tasa de tributación de las PYME a una cifra en torno al 17%.
En la sede de Hacienda están conscientes de la inquietud que levanta el tema a nivel político y empresarial, debido a que si bien hay un compromiso de que los cambios no aumenten la recaudación neta de impuestos, la situación de estrechez de las finanzas públicas promete abrir la discusión en esa línea.
Por lo mismo, el Ministerio de Hacienda prepara una masiva convocatoria a actores políticos, empresariales y del mundo de las pequeñas y medianas empresas para abordar los detalles del nuevo texto, con miras a realizar un trabajo prelegislativo y acordar modificaciones antes de que la propuesta ingrese a la Cámara de Diputados. La ronda de conversaciones comenzaría durante la primera semana de diciembre, aunque ya ha habido contactos preliminares entre las partes.
Se espera que se invite a los parlamentarios oficialistas y de oposición de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras; a las ramas empresariales congregadas en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); y a representantes de colegios profesionales y gremios de micro, pequeñas y medianas empresas, como la Asech, Conapyme, la Multigremial Nacional y Unapyme, por citar algunas.
Los movimientos entre los privados
En la CPC ya están trabajando en propuestas para entregárselas al ministro de Hacienda, Mario Marcel, con focos bien específicos.
La comisión tributaria de la multigremial, presidida por el abogado Christian Blanche, ha reforzado su trabajo en el último mes, sosteniendo reuniones semanales todos los jueves para afinar las medidas, además de comentar los pormenores de lo que se anticipa entregará el Ejecutivo.
Así, hasta el momento el análisis se ha centrado en la necesidad de honrar el acuerdo alcanzado en el Senado para despachar el proyecto de cumplimiento tributario de que la reforma a la renta no aumente la recaudación neta del Fisco; que el Ejecutivo se abra a una reducción más sustantiva del impuesto corporativo, desde un 27% a un 23%, lo que sería compensado con un nuevo impuesto a los retiros de dividendos; incluir incentivos al crecimiento y la inversión; y desechar tanto el nuevo sistema desintegrado (o dual, como lo llama el Gobierno) como el incremento en las tasas de los tramos más altos del impuesto personal.
Adicionalmente, en el mundo empresarial preocupa el “descuelgue” que han mostrado algunos parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista al acuerdo en la Cámara Alta, ya que están presionando para incorporar medidas que aumente la recaudación fiscal en medio de la estrechez de las arcas públicas. Por ejemplo, el FA publicó una declaración este martes respaldando un impuesto a los súper ricos, un tema que Hacienda desestimó incluir en la propuesta final.
Lo que incluirá la iniciativa
El texto contempla aumentos de tributos, los que serán compensados con reducciones de otros gravámenes para llegar a la neutralidad en recaudación.
Por ejemplo, se reducirá el impuesto de Primera Categoría desde un 27% a un rango entre 25% y 23%, y se recortará también la tasa de tributación de las PYME, a situarse en 25% el próximo año a una cifra en torno al 17%, lo que no convence a los gremios del sector.
En el Ejecutivo habrían desechado incrementar la tasa de impuesto para las personas que ganen más de $ 4 millones al mes. La desintegración del sistema impositivo también estaría en duda, ante la falta de apoyo político. Así, se explora el nuevo impuesto a los dividendos e incrementar la tasa de tributación de los fondos de inversión y las ganancias de capitales en operaciones bursátiles.
También, se incluirán medidas que no lograron consenso en el proyecto de cumplimiento, como limitaciones al artículo 27 bis que rige la devolución de IVA para la adquisición de activos fijos; o el fin de algunas exenciones para los impuestos a las herencias y donaciones y las viviendas DFL-2.
Por el lado de las deducciones de impuestos, Hacienda contempla beneficios para gastos en arriendos de viviendas, educación y cuidados de personas no valentes, como menores y mayores de edad.
Limitar contribuciones a adultos mayores
Asimismo, Marcel dio a conocer el martes en el Senado que se incluirá un nuevo beneficio para reducir el pago de contribuciones para los adultos mayores, adicional al mecanismo actual que permite la reducción de entre un 100% y un 50% del impuesto territorial para pensionados con viviendas avaluadas en hasta $ 210 millones y que registren ingresos mensuales entre $ 1 millón y $ 2 millones.
La idea es establecer un beneficio que permita que quienes superan cierto umbral tengan un tope de pago del impuesto territorial equivalente a un 10% de sus ingresos. Con esta medida se busca lograr apoyos entre la oposición, desde donde se ha notificado a Marcel que no hay apertura a aumentos en la carga tributaria.
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