A pesar que el proyecto de retiro de hasta el 10% de los fondos previsionales vio la luz, el debate acerca del costo que significará este beneficio para los propios afiliados a las AFP, pero también para el Fisco, sigue vigente.
Esto porque recobró fuerza en el Congreso la idea de gravar con un impuesto al patrimonio a las personas de más altos ingresos. Esto, con el antecedente de que la Cámara de Diputados aprobó en mayo un proyecto de resolución sobre el tema y en la misma Corporación está en tramitación una iniciativa en tal sentido.
El 1 de junio y siguiendo el modelo de la reforma que permite el retiro del 10%, en el marco de la pandemia, un grupo de diputados de oposición, encabezados por el DC Gabriel Ascencio, ingresó una reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental por única vez, creando un impuesto al patrimonio de determinadas personas naturales, destinado al financiamiento de una renta básica de emergencia.
La norma, de origen parlamentario, se encuentra en primer trámite en la Comisión de Constitución de la Cámara, pero por tratarse de un proyecto de alza de impuestos es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por lo que podría provocarle al gobierno un nuevo conflicto con el Parlamento, pues reabre el debate de la admisibilidad, el mismo que cruzó toda la tramitación de la controvertida ley de retiro del 10% del retiro de fondos de las AFP.
En concreto, el proyecto crea un impuesto transitorio, equivalente al 2,5% del patrimonio bruto de "las personas más ricas del país", que sean titulares de bienes y derechos tanto en Chile como en el extranjero al 31 de diciembre de 2019.
El argumento que sustenta la propuesta es allegar mayores recursos al Estado para enfrentar la crisis económica y social a raíz de la pandemia, implementando políticas públicas de emergencia, tales como una básica de emergencia superior a la línea de pobreza.
Los diputados que patrocinan la iniciativa, además de Ascencio, son los comunistas Karol Cariola, Camila Vallejo y Daniel Núñez; el socialista Luis Rocafull; Giorgio Jackson (RD); Alexis Sepúlveda; los representantes del partido Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, Esteban Velásquez; y el PPD Raúl Soto.
Proyecto de resolución
En la misma línea, el 26 de mayo la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que solicita al Presidente de la República que mande al Congreso un proyecto de ley para crear un impuesto al patrimonio que grave en un 2,5% a los patrimonios líquidos, financieros y no financieros, superior a US$ 10 millones.
A diferencia de la reforma constitucional, este proyecto de acuerdo aumenta el rango de quienes serían los afectados por la normativa, ya que el monto del patrimonio gravado es inferior al de la reforma constitucional; Sin embrago, deja en manos del Presidente la iniciativa de enviar al Congreso, o no, el proyecto.
Los autores de la iniciativa argumentan que con un proyecto de esta naturaleza "un pequeño grupo de personas -quienes concentran las mayores riquezas en nuestro país- podrían contribuir con un monto de aproximadamente US$6.000 millones, lo que representa un 2,4% de su riqueza total, para generar un aporte que permita a las familias chilenas el poder disponer de recursos suficientes para sobrevivir a la pandemia y la crisis económica, potenciando a la vez la economía local y desarrollando una relación virtuosa con las pymes que podrían mantener sus trabajos y servicios a la vez que las personas tienen recursos para destinar al consumo de primera necesidad".
Los autores del proyecto de resolución son los diputados del PC Karol Cariola, Guillermo Teillier y Daniel Núñez; el socialista Manuel Monsalve, la PPD Andrea Parra; Jaime Mulet (FRVS); Catalina Pérez (RD); Gael Yeomans (CS), Alexis Sepúlveda (PR); y el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, el DC Matías Walker.
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