La aprobación del proyecto que permite retirar hasta un 10% de los fondos de las AFP ha enrarecido el ambiente en el Congreso, poniendo en entredicho la exclusividad del Ejecutivo en materias como la seguridad social y la administración financiera del Estado.
Dicho escenario aumenta la incertidumbre respecto al resultado de un debate que también se reactivará en los próximos días: la creación de un impuesto al patrimonio para solventar los gastos durante la emergencia.
Presentado por la bancada del PC, la iniciativa implica una reforma constitucional que crea un tributo transitorio de 2,5% al patrimonio de las personas más ricas del país, que detenten activos totales iguales o superiores a US$ 22 millones. La próxima semana comienza su trámite en la comisión de Constitución de la Cámara.
La discusión en el país no es nueva. En América Latina varios países ya implementan o están debatiendo un tributo de esa naturaleza. Un informe de Tax Foundation recalca que Perú y Colombia ya están implementando o discutiendo aplicar un gravamen a los más altos ingresos, que tendrían componentes de un "impuesto a la riqueza" similar al propuesto por el PC.
La ministra de Finanzas de Perú, María Antonieta Alva, ha señalado que el Ejecutivo busca aumentar los tributos a los más altos ingresos bajo un esquema de "solidaridad". Se estima que será transitorio y gravaría a los ingresos mensuales superiores a US$ 3 mil. El impuesto podría recaudar 0,5 puntos del PIB por mes, unos US$ 88 millones.
Colombia aplicó un gravamen entre mayo y julio a las rentas de los funcionarios estatales de más altos ingresos, partiendo en 10 millones de pesos colombianos (US$ 2.500 aproximadamente). Desde el año pasado el país cafetero implementa un tributo a la riqueza, que estará vigente hasta 2021, del 1% sobre el patrimonio neto localizado en el país que supere US$ 1,5 millones.
En el resto de la región, según la Cepal, ya hay países que implementan la medida, como Uruguay con una tasa que oscila entre el 0,4% y el 0,7%; y Argentina con un gravamen entre 0,5% y 2,25%, dependiendo si el activo está en el país o en el exterior.
Multimillonarios a escena
En el mundo desarrollado también han surgido ideas similares, como en Italia, Reino Unido y Alemania, que complementarían algunos tributos patrimoniales que ya rigen en esos países.
El debate en Chile y el mundo ha sido impulsado por la declaración del denominado grupo "Millonarios por la humanidad", que la semana pasada solicitaron pagar más impuestos para cubrir los costos del Covid-19.
Entre esos, se incluyen al guionista y director británico Richard Curtis, la productora y heredera de cine Abigail Disney, el empresario danés-iraní Djaffar Shalchi, Jerry Greenfield, cofundador de Ben and Jerry's, la inversionista y filántropa alemana Mariana Bozesan, y Morris Pearl, exdirector gerente de BlackRock.
Los pero: baja recaudación
En el Ministerio de Hacienda miran con atención lo que está ocurriendo en el Parlamento con esta moción. De hecho, el lunes enviaron al Congreso una minuta de cinco páginas advirtiendo los efectos negativos de la medida.
El documento técnico describe que el 77% de los países OCDE que alguna vez implementaron esta idea ya la han derogado, o sea, de 37 naciones, solo tres la mantienen hoy.
El texto asegura que ello se explica en que es un tributo "poco eficiente y de baja recaudación".
Señala que en los países que lo implementaron recaudó entre 0,1% y 0,5% del PIB. "La recaudación en términos del PIB era, en el mejor de los casos, un quinto de lo que señala el proyecto presentado en Chile", advierte Hacienda.
Concluye que el tributo tenía "altas tasa de evasión", entre 44% y 58%, "por lo que es un impuesto difícil y caro de administrar y fiscalizar"
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