Contrariamente a lo que podría suponerse, en La Moneda no recibieron con satisfacción lo ocurrido el sábado pasado, cuando los fiscales lograron la detención de los otrora todopoderosos controladores del grupo Penta.
Es que en Palacio asumieron en toda su magnitud que la mano dura de los persecutores, podría golpear con similar fuerza a personeros del oficialismo que aparezcan involucrados en los casos que en el último tiempo han remecido los cimientos del poder.
En esa línea, no pasó inadvertida la decisión del fiscal de Rancagua, Luis Toledo, de ordenar el allanamiento de la casa del hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, tras el escándalo que ha provocado el millonario negocio de la empresa Caval.
Pero más allá de las connotaciones que se reconoce que tiene este caso, que ha tocado el corazón de La Moneda afectando incluso el liderazgo de la mandataria, la preocupación del gobierno radica principalmente en las consecuencias que podría tener la investigación de la empresa SQM, dada la certeza de que aparecerían numerosos nombres de personeros de la Nueva Mayoría recibiendo aportes irregulares para sus campañas.
Pero es lo que temen que difícilmente se puede impedir, desde el momento en que el Ministerio Público se ha mostrado decidido a cumplir su tarea como organismo independiente, sean quienes sean los implicados o los efectos que pueda tener su accionar en la actual crisis de credibilidad que afecta tanto al mundo empresarial como al político.
En este escenario, el diagnóstico compartido es que, aun cuando se hagan todos los esfuerzos para introducir modificaciones profundas a la institucionalidad que rige las relaciones del mundo público con el privado, el control de la situación escapa a las decisiones políticas que se puedan adoptar, la que ha quedado básicamente en manos de los fiscales.
Ellos saben que ésta es su hora. La actitud que han adoptado frente a los casos más bullados, confirma que poco o nada les importan los cuestionamientos de exceso de protagonismo, o incluso de excederse en sus funciones, porque confían –como admitió el Fiscal Nacional Sabas Chahuán- que cuentan con el respaldo de la ciudadanía que aplaude la independencia que muestran frente al poder.
Precisamente no fallar a esas expectativas, es el principal desafío que se ha propuesto el Ministerio Público, al asumir que tras el golpe con el caso Penta, que detonó una profunda crisis en la UDI, no pueden amilanarse frente a situaciones que comprometan a figuras del oficialismo.
La jugada de Gajardo
En el incontrarrestable poder que han adquirido los fiscales, nadie deja de apuntar al papel preponderante que ha jugado el persecutor Carlos Gajardo, a quién por su cargo le correspondió iniciar las pesquisas tras las denuncias de delitos tributarios en contra de personas que trabajaban para Penta, en concomitancia con empleados del Servicio de Impuesto Internos (SII).
Pero lo que pudo haber sido un caso de connotaciones acotadas, adquirió otro cariz luego de que el propio Gajardo no desperdiciara los efectos que podía tener la ruptura de los controladores del holding con su ex gerente general, Hugo Bravo, especialmente cuando percibió la notoriedad que podía adquirir la investigación si tomaba la hebra política que se encargó de denunciar este último.
Tanto es así que los trascendidos sobre posibles financiamientos irregulares a campañas políticas por parte de Penta básicamente a candidatos de la UDI, fueron la bomba de tiempo que instaló la Fiscalía en el mundo político, porque aparte del golpe que le propinó a ese partido, lanzó sus esquirlas hacia todo el sistema.
En círculos cercanos a los fiscales reconocen que los posibles delitos por la entrega de boletas ideológicamente falsas para financiar a algunas candidaturas no son comparables con otros en que podían aparecer implicados los controladores o funcionarios de Penta - que de hecho son por los cuales están formalizados- pero admiten que al implicar a políticos, Gajardo podía conseguir un respaldo más fuerte en su decisión de perseguir al grupo empresarial.
Con lo que se considera su gran jugada, en línea con la máxima que lo impulsa de no temerle a los poderosos -tal como admitió en un comentado twitter en que aludió a que cada vez había menos intocables- el fiscal "polilla", como se lo conoce en el organismo persecutor, terminó por lograr su propósito.
De hecho, fue la popularidad adquirida durante sus pesquisas en el caso Penta, la que impidió que se concretara el "golpe blanco" en su contra cuando a fines de febrero, un reordenamiento de la investigación lo dejaba en la práctica fuera del caso, lo que él no aceptó presentando su renuncia.
Pero además lo que pudo haber pesado esa decisión - que se conoció después- bastó el incipiente escándalo que incubaron las críticas por quitarle el caso a un fiscal por incontrolable, justo cuando habían comenzado a aparecer boletas que comprometían a personeros del oficialismo, para que el propio Chahuán optara por detenerlo, asumiendo personalmente la conducción de las investigaciones tanto de Penta, como de SQM.
La prueba para Chauhán
En medio de los cuestionamientos, a los que colaboró la errática nominación del fiscal Andrés Montes -hijo del senador del PS, Carlos Montes- para hacerse cargo de la emprea de Julio Ponce Lerou, la apuesta del Fiscal Nacional a partir de entonces, ha sido tratar de impedir que la imagen de independencia del organismo que encabeza pudiera menoscabarse, justo en la etapa final de su mandato.
En esa línea, el primer desafío de Chahuán fue jugarse para que tras su alegato –en el que le cedió protagonismo a Gajardo- el juez de garantía acogiera la petición de prisión preventiva, sobre todo para los controladores de Penta.
Pero de acuerdo a personas ligadas a los fiscales, dadas las actuales circunstancias, ese éxito no es suficiente para el desafío del Fiscal Nacional de mostrarse como custodio de la autonomía del organismo.
Es por eso que, tras el éxito obtenido en la audiencia de formalización del sábado, la primera diligencia después bajo su propia conducción, fue acudir a las oficinas de SQM para pedir que le entregaran la contabilidad desde el año 2009 al 20014, lo que se entendió como una un indicio de la decisión de investigar las boletas emitidas por dicha empresa, aun cuando legalmente requerirían que el SII amplíe la denuncia que presentó para todo ese período, pero que en Enero decidió acotar a sólo el mes de julio de 2009.
Como en ese lapso aparecieron boletas que podrían responder a aportes a campañas de candidatos de la Nueva Mayoría, en el Ministerio Público están resueltos a acudir a todas las fórmulas que les permitan indagar todo el período, para lo que entienden que cuentan, básicamente, con el respaldo que generan sus pesquisas en la opinión pública.
En este caso, la investigación liderada por Chahuán se anotó otro triunfo, luego de que el juez de garantía rechazara el recurso presentado por el reconocido abogado del PPD, Samuel Donoso -ligado al senador Guido Girardi- en representación del gerente general de SQM, tendiente a impedir que los fiscales realicen diligencias para las que no tienen atribuciones.
Con el reconocimiento del juez a la autonomía del Ministerio Público para solicitar diligencias, a lo que se suma que el directorio de la empresa no se cuadró con la solicitud de Donoso, en representación del gerente general, Patricio Contesse, todo indica que la Fiscalía contará con la información que requiere, que es con la que espera presionar para que el SII presente las acciones que les permita investigar los aportes irregulares al oficialismo, con un celo similar al que tendrán con los personeros de la UDI por los aportes de Penta.
Eso por eso que en el mundo político coinciden en que la crisis esapa a su control.
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